En el municipio de Hacarí, en la subregión Catatumbo del departamento de Norte de Santander, las comunidades campesinas instalaron el 18 de febrero un asentamiento humanitario para manifestar su rechazo a base militar ubicada en la vereda Islitas y Monte Tarra y exigir su reubicación, ya que está el Ejército está en medio de los caseríos. El día 20 entregaron un pliego de exigencias y de garantías al teniente García Rojas de la base móvil adscrito a la Fuerza Especial de Despliegue Rápido FUDRA III.
El Coordinador Nacional Agrario (CNA) denunció en RMR que un líder comunitario de Hacarí que participaba del asentamiento fue amenazado por parte del personal militar presente en la zona. El día 25, un líder comunitario de la vereda Islitas -que por seguridad no dio su nombre-, advirtió que horas antes, cuando se dirigía a una reunión, un cabo del Ejército Nacional lo llamó por su nombre y por su rol de presidente de la Junta de Acción Comunal. Eso lo alertó. Más tarde, en la finca donde vive con su familia, encontró «una persona con botas militares, vestido de negro, gafas y tapabocas, haciéndose pasar como una persona loca, y no es conocido por nadie del hogar», dijo el defensor comunitario en una entrevista recogida por el Coordinador Nacional Agrario (CNA) – cedida a RMR. Este desconocido desapareció del predio cuando el líder fue a mirar la situación en su finca.
El líder comunitario amenazado también evaluó cómo venían las conversaciones con el Ejército para levantar el 25 de febrero la base militar: «Han sido duras. El asentamiento se armó para manifestar solidaridad con las familias desplazadas, pero usted sabe que la fuerza pública no cede muy a la buena. Sin embargo tenemos luz verde para que firmen y cumplan las peticiones que hacemos y salgamos de aquí».
En un acto de buena voluntad, el jueves 25, las 1200 personas que sostenían el asentamiento humanitario lo levantaron, acompañados por más de 130 personas y organizaciones sociales -como el CNA- y 20 congresistas de la República que se solidarizan con las comunidades del Catatumbo y exigen junto a ellas una acción urgente para que dejen de estar en «fuego cruzado» e inclusive sufriendo ataques que desencadenan desplazamientos forzados de familias. A finales de enero, por ejemplo, unas 40 familias debieron desplazarse debido a los ataques que acontecían en la zona entre grupos armados y el Ejército. Todavía no han podido regresar a la zona.
En 2020 unas 25.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y en lo que va de este año ya son 1.071, como denunció la líder campesina y presidenta de Fensuagro Nury Martínez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU [1] este lunes 1 de marzo.
El levantamiento del Asentamiento Humanitario se dio con el compromiso de generar en esta semana «una reunión de alto nivel y de carácter decisorio, convocada por la Comisión de Paz del Senado, la alcaldía municipal y la Procuraduría regional, en la cual se espera se confirme el traslado de la base militar cuya ubicación actual mantiene en alto riesgo a la población civil la cual queda en medio del fuego cruzado», informaron los congresistas y organizaciones que firmaron la Acción Urgente (adjunta en esta nota). «De no darse cumplimiento, el campesinado se movilizará nuevamente de manera masiva», agregaron.
VIOLENCIA ESTATAL Y PARAESTATAL DENUNCIADA ANTE NACIONES UNIDAS
El movimiento campesino denuncia desde hace años el incumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Estado colombiano. Desde el año pasado especialmente se ha incrementado la violencia en Colombia, así como el número de masacres. Nury Martínez denunció ante la ONU que “las comunidades son confinadas por grupos armados paramilitares que imponen restricciones, actuando muchas veces con la connivencia del Estado, y miles son siendo amenazadas para que abandonen los territorios”.
«La Justicia no investiga los asesinatos; el 90% de éstos queda en la impunidad y somos cientos de hombres y mujeres amenazados de muerte por nuestra labor política y social desprotegidos del Estado», dijo Martínez ante la ONU. FENSUAGRO ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento, más 700 de nuestros afiliados han sido asesinados o desaparecido. Aunque las cifras impactan, la defensora campesina advirtió que «hay un alto nivel de subregistro de los crímenes porque las víctimas no denuncian, tienen miedo a las represalias» y denunció: «Sabemos que están pagando para asesinar a campesinos que pretendan regresar a sus tierras».
Por último, Ernesto Roa, presidente del CNA, analizó en RMR esta coyuntura de violencia, en especial en el Catatumbo:
«Hay una apuesta desde el gobierno y la institucionalidad de hacer un control social, territorial y militar de las distintas comunidades. La instalación de bases militares en el municipio de Hacarí desconoce la soberanía y autodeterminación de los pueblos y, lejos de solucionar la falta de atención y abandono del Estado, profundiza mucho más el señalamiento y la persecución a defensoras y defensores del territorio.
A la vez, ese control territorial está orientado a garantizar a las empresas transnacionales el desarrollo de los grandes megaproyectos que tienen pensados para esos territorios. Además, en esta zona del Catatumbo, al estar ubicados en la frontera, también abona el terreno para una posible intervención militar a Venezuela».