Amigos de la Tierra Internacional (ATI) [1], el Transnational Institute (TNI) [2] y el Centro Internacional Crocevia [3] lanzarán este martes la publicación “Agroecología chatarra: La captura corporativa de la agroecología para una transición ecológica parcial y sin justicia social” [4].
El objetivo es “influir en el debate sobre una transición ecológica justa, de tal manera que no acabemos pidiéndole al lobo que cuide de las ovejas”, dijo a Radio Mundo Real el autor del trabajo, Alberto Alonso-Fradejas, investigador de la Universidad de Utrecht (Holanda) e investigador asociado del TNI.
En un mundo en el que existe consenso sobre la necesidad de transitar hacia un modelo de agricultura sustentable, explicó Alonso-Fradejas, hay sin embargo dos visiones en competencia. “Una es la de la intensificación agrícola sostenible, abanderada por corporaciones agroalimentarias globales de vanguardia y enfocada exclusivamente en aumentar la productividad agrícola de la manera más ambientalmente sostenible posible. Y la otra es la de la agroecología, entendida como ciencia, práctica popular, movimiento social y especialmente como una forma de vida”. Esta segunda visión apunta a la necesidad de una transformación socio política, orientada a mejorar la salud humana y del planeta de una manera justa.
“El debate radica entonces en si será el camino de la agroecología o el de la intensificación agrícola sostenible en su formato limitado y al servicio del gran agronegocio, el que marcará la pauta y recibirá el apoyo político y financiero en los esfuerzos globales de transición hacia la sostenibilidad”, resumió el autor del trabajo.
El lobo con piel de cordero
ATI, TNI y Crocevia analizaron las tres principales iniciativas del gran capital agroalimentario, entre otros actores, trazadas para impulsar un modelo que los autores de la nueva publicación denominaron “de intensificación agrícola sostenible con tintes agroecológicos”. Alonso-Fradejas enumeró esas iniciativas para Radio Mundo Real.
La primera es la llamada “Iniciativa de agricultura sostenible”, constituida en 2002 por Danone, Nestlé y Unilever, que incluye entre sus más de 100 grupos a las principales corporaciones transnacionales del sector agroalimentario.
Por otra parte está la “Nueva Visión para la Agricultura”, lanzada en 2009 por el Foro Económico Mundial de Davos y que involucra a más de 650 organizaciones a nivel global, regional y nacional, a través de los programas “Grow Africa”, “Grow Asia” y “Nueva Visión para la Agricultura en América Latina”.
La tercera iniciativa estudiada es la “Coalición para la Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo”, surgida en 2018 como resultado del trabajo de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible conformada en la edición 2016 del Foro Económico Mundial de Davos.
Alonso-Fradejas destacó el carácter corporativo de esas iniciativas, aunque aclaró que también involucran a organizaciones sociales e intergubernamentales, a Estados y filántropos, entre otros actores. “Estas tres mega iniciativas son un claro ejemplo de colaboración pre competitiva entre grandes corporaciones, para influir en espacios de gobernanza público-privada del sistema agroalimentario en los que se dan cita múltiples partes interesadas, los famosos ‘stakeholders’ en inglés”.
La verdadera intención de las corporaciones agroalimentarias
Para el autor del informe, las tres iniciativas analizadas promueven “una captura corporativa estratégica y selectiva de parte de los fines, discursos y prácticas de la agroecología, así como del espacio político y los fondos necesarios para la transición hacia la agricultura sostenible”. “Así como muchas de estas corporaciones tras estas mega iniciativas promovieron en su tiempo una versión chatarra de la alimentación, hoy en día promueven una versión chatarra de la agroecología”, explicó.
Por su parte, la investigadora Katie Sandwell, integrante del equipo de Justicia Agraria y Ambiental de TNI, y quien escribió el resumen ejecutivo del informe que se presentará este martes, añadió: “Por comida chatarra entendemos a los alimentos que parecen atractivos en la superficie pero que en realidad no alimentan a las personas, a las comunidades. Lo mismo queremos decir con agroecología chatarra, una solución que superficialmente puede parecer atractiva y comprometida, pero que en el fondo no ayuda, o no es justa ni sustentable”.
Alonso-Fradejas profundizó el análisis. Explicó que las tres iniciativas corporativas estudiadas, “más que transformar de raíz el actual modelo de agricultura insostenible, lo que buscan es hacer una serie de cambios estratégicos muy enfocados en el ámbito productivista para hacer de la producción, aún controlada por cadenas agroalimentarias globales, una labor más limpia, más verde”. “Pero en realidad no cambian las injustas relaciones sociales que acompañan a esas grandes cadenas de valor globales”, fustigó.
En tanto, el co-coordinador del programa de Soberanía Alimentaria de ATI, Martín Drago, contó que las grandes corporaciones agroalimentarias promueven un relato que indica que hay que aumentar la producción de alimentos para atender las necesidades de una creciente población mundial, que llegaría a 9000 millones de personas en 2050. “Primer elemento que es falso, porque el problema de la alimentación a nivel global y del hambre que sufren casi 1000 millones de personas no está en la falta de alimentos sino en la concentración y en el acceso”, señaló el ambientalista. “El mundo ya produce alimentos para unos 9000 millones de personas”, explicó Drago, y tenemos casi 7800 millones, según el Fondo de Población de Naciones Unidas. “Pero cerca del 30 por ciento de los alimentos se tira, se desperdicia por muy diversas razones, y además un montón de gente en el mundo no tiene ingresos suficientes para poder acceder a esos alimentos”.
Drago ahondó en la concepción “chatarra” de la agroecología. Las tres iniciativas estudiadas “no consideran bajo ningún concepto, por ejemplo, los problemas económicos y sociales que genera la producción del agronegocio, además de los ambientales”.
Sandwell, a su turno, advirtió que existe un gran riesgo de que la captura corporativa del concepto de agroecología socave una visión más genuina y transformadora de la agroecología. En ese caso, “toda esa energía política y social que debería dirigirse a construir un mejor sistema alimentario, podría re dirigirse a ese proceso (corporativo) de crear un sistema un tanto diferente al actual, pero que básicamente preservaría la misma distribución desigual de poder y las mismas dinámicas destructivas del sistema alimentario que hoy tenemos”.
La «privatización de la toma de decisiones» y la deuda del multilateralismo
Otro de los puntos que preocupa a TNI, ATI y Crocevia es que las corporaciones agroalimentarias están aumentando su control de los procesos de toma de decisiones sobre políticas productivas y alimentarias. “Estas iniciativas de las empresas promueven una especie de privatización de la toma de decisiones tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel de los gobiernos nacionales y locales”, apuntó Drago. Alertó que los “enfoques de múltiples partes interesadas, donde todo el mundo tiene que sentarse a la mesa para definir todo, pueden sonar muy democráticos”, pero no lo son. Porque “cuando sentás en una misma mesa al lobo y a la gallina a discutir cómo el lobo se va a comer a la gallina claramente no hay una discusión de iguales para construir una política”.
En contrapartida, Drago reclamó un multilateralismo “basado en la participación de los gobiernos democráticamente electos por los pueblos, pero también de los pueblos, de los directamente involucrados”. “No puede ser que las empresas, que buscan el lucro con la producción agroalimentaria, sean quienes definan cómo los pueblos pueden realizar sus derechos”.
Una visión política de la agroecología y la hoja de ruta posible
Sandwell dijo que las tres organizaciones que lanzan el nuevo informe defienden una visión de la agroecología que es esencialmente política y que busca una transformación en esa arena. “El tipo de sistema alimentario agroecológico que queremos que emerja de estos procesos políticos es uno que respete el conocimiento tradicional e indígena y los territorios, que regenere ecosistemas y que construya nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza”, dijo la activista. “Ninguna visión transformadora será posible si ponemos la transición a la agricultura sustentable en las manos de las corporaciones”, agregó.
Por su parte, Alonso-Fradejas enumeró algunas recomendaciones para una transición justa hacia la agricultura sustentable que se presentan en la publicación que se lanzará este martes. En ese sentido, dijo que se necesitan políticas públicas que otorguen un papel central a pequeños/as productores/as de alimentos y trabajadores/as rurales y de la ciudad, que además deben participar en el diseño e implementación de esas políticas. “Porque son ellos/as quienes cada día y por generaciones hacen posible la agroecología y tienen los conocimientos”, manifestó el autor del informe.
Añadió, entre otras cosas, que también deben haber políticas públicas dirigidas a la distribución equitativa de la riqueza, la remuneración, las tareas y la toma de decisiones entre géneros. Se debe buscar además, sostuvo, el retorno de los jóvenes al campo y asegurar su permanencia, con políticas de capacitación. “Es este modelo de agroecología por y para los pueblos, y los/as trabajadores/as, el que contribuiría a superar no solo la falta de sostenibilidad ambiental, sino también la injusticia que impera hoy tanto en el ámbito agroalimentario como en el sistema socio productivo en su conjunto”, cerró Alonso-Fradejas.
Por su parte, Drago consideró que las políticas públicas deben “ayudar a los pueblos a realizar sus derechos, como los derechos a la tierra, al agua, a la soberanía alimentaria, a la salud y a la educación”. Se trata de “reconstruir entramados sociales en el mundo rural” con participación directa de los habitantes de esas zonas, dijo, y también con apoyos específicos para la actividad productiva. Urge un “amplio abanico de políticas públicas que garanticen la sustentabilidad ambiental sí, pero también social, económica y cultural en los territorios”, reclamó el activista.