El diagnóstico mexicano [1] sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México [2], está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).
En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.
“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.
Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.
Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.
Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC [3]: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.
Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.
El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.
Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.
*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) [4] realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe [5] recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.
Accede aquí [6] a todas la notas y entrevistas.