Defensoras del medioambiente en Reitoca (Honduras) sufrieron un nuevo ataque e intento de criminalización a comienzos de agosto. El día 5, a las 5:30 de la mañana miembros de la Policía hondureña realizaron allanamientos violentos e ilegales a viviendas de defensoras y defensores del Consejo Indígena Lenca de Reitoca. Durante los allanamientos, la Policía Nacional derrumbó las puertas de las viviendas, agredió a varias defensoras y detuvieron a cinco defensores.
A la defensora Gissela Rodas le rociaron gas pimienta en el rostro, la empujaron, tirándola al suelo, quebraron su teléfono celular y en esa situación de indefensión la acosaron sexualmente. La Policía también disparó contra la vivienda de la defensora Faustina Flores y luego la allanaron y detuvieron a su esposo.
«Hicieron uso excesivo de la fuerza, usaron gases lacrimógenos. Parecía más un desalojo que una detención», dijo a RMR Martha Silva, integrante de Madre Tierra-Amigos de la Tierra Honduras, que acompaña el proceso de lucha de Reitoca.
La policía había llegado al lugar bajo la excusa de detener a 15 pobladores requeridos por estar, supuestamente, vinculados a ataques a una posta policial en marzo de 2020. Sin embargo, Silva remarcó que «Los compañeros están siendo criminalizados por cosas que no cometieron y desde MT queremos poner eso en visibilización. Se están defendiendo por cosas que no cometieron».
«El pueblo respalda a los compañeros -dijo Rodas- porque saben que ellos no fueron los que atacaron la posta policial. Si creen que con esto nos van a atemorizar, se equivocan».
Finalmente el 5 de agosto detuvieron a 5 de los 15 buscados. La organización ambientalista, apoyada por ATALC, denunció que la persecución judicial es un “intento de amedrentar la lucha del pueblo contra las represas y en defensa de sus ríos” y exigió este lunes 16 de agosto que cese la persecución judicial contra los defensores del municipio de Reitoca, víctimas de un proceso por defender el rio Petacón del capital extractivo.
“A los defensores son a los que nos matan, nos encarcelan y es a los que deberían cuidarnos más” (Gisele Rodas, defensora del Consejo Indígena Lenca de Reitoca)
Desde enero de 2018, los pobladores de Reitoca, un municipio en el departamento de Francisco Morazán (Honduras), ejercen el control territorial en la parte alta del pueblo, donde han instalado un campamento para impedir que se construya una represa hidroeléctrica en el río Petacón. Este proyecto está a cargo de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia (PROGELSA) en connvencia con el alcalde.
«Por cualquier cosa que nos pase responsabilizamos al alcalde, que culpabiliza a gente que nada tiene que ver en lo de la posta policial, solo porque estamos defendiendo el río. Busca encarcelar a los líderes, pero aquí todos somos líderes porque amamos nuestro pueblo y porque el río es el único que abastece a Reitoca«, remarcó Rodas.
Rodas enumeró las irregularidades e ilegalidades en el procedimiento policial durante los allanamientos: el horario, no presentar la orden de captura al entrar en los hogares, no permitir filmar ni registrarlo. También describió los ataques y acoso sexual que sufrió por parte de la policía: “Eso es lo que hacen con nosotros”.
“Hemos vivido momentos feos, no hemos dormido bien. Por la noche siento que me abren la ventana. Es un miedo constante. Son momentos que, la verdad, no deberíamos vivirlos, como defensores no deberían de proteger”.
Durante 2019, la comunidad sufrió varios ataques armados por parte de la Policía Nacional, miembros de la fuerza Tigre e incluso guardias de la empresa, que pretendían desalojar el campamento por la fuerza. Así también lograron criminalizar a varios defensores, cuyo juicio se espera para el próximo mes de noviembre, indicó la integrante del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Gisela Rodas, a RMR.
Solidaridad internacionalista con Reitoca
Organizaciones de derechos humanos se encuentran acompañando y denunciando los hechos que criminalizan la defensa de los bienes comunes y la naturaleza en el municipio ubicado al sur del departamento de Francisco Morazán.
Asimismo, desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) condenaron «el uso represivo de las fuerzas del Estado para defender un proyecto extractivo» y exigieron al gobierno que detenga «la persecución judicial de los líderes sociales» como medio para «amedrentar la lucha del pueblo contra las represas y en defensa de sus ríos». En un comunicado [1] también exigieron cancelar el megaproyecto hidroeléctrico, al que calificaron como «destructor de territorios». Enfatizaron que «la defensa del agua y los ríos no es un delito» y alentaron a que otras organizaciones sociales y ambientales denuncien este hecho y «apoyen solidariamente al pueblo hondureño que resiste la violencia neoliberal en sus territorios».