Desde mediados de los años 90 hasta el presente, la cantidad de demandas de empresas transnacionales contra países latinoamericanos nunca dejó de aumentar. Entre 1996 y 2006 se registraron 91 demandas y entre 2009-2019 el número salta a 165, según registros del Transnational Institute (TNI). La mayor parte de los registros de demandas en el caso de Uruguay coincide con el segundo periodo: entre 2009 y 2019.
En estos últimos 10 años, Uruguay ha sumado unas siete demandas iniciadas por empresas transnacionales, que se dirimen a nivel internacional bajo el sistema de solución de controversias del tipo inversionista-Estado (conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). De esas siete, cuatro han finalizado -incluyendo la reciente resolución en la demanda por parte de la empresa Zamin Ferrous, a cargo del proyecto minero Aratirí. De las otras tres demandas, una tiene el proceso abierto y otras dos están en etapa previa al registro efectivo.
Entrevistamos a la politóloga Natalia Carrau, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, quien sigue estos casos desde hace años y en mayo publicó un monitoreo sobre el estado de estas demandas contra el Estado uruguayo. Se titula «Uruguay: ¿un caso de éxito?» [1] y analiza qué características tiene cada demanda, provenientes de diferentes empresas y sectores comerciales, desde telecomunicaciones hasta minería, tabacaleras, hidrocarburos, logística y transporte aéreo.
¿Dónde se dirimen este tipo de juicios? ¿Qué significa «ganar» un juicio de estas características? ¿Puede ser que un Estado pierda aunque gane el juicio contra una transnacional? La publicación de El poder sistémico que ejercen las Empresas Transnacionales y las agendas del libre comercio: Apuntes para construir movilización y resistencia [2]-que también comentamos en la entrevista que se puede escuchar y compartir junto a esta nota- es un documento clave para guiar el análisis de los impactos que producen los laudos arbitrales y otras injusticias económicas, en una balanza mundial inclinada hacia el lado de las corporaciones.
«Podemos analizar las demandas desde el punto de vista de los impactos. Las empresas demandan a países por sus políticas públicas implementadas. Una política pública es una decisión y un instrumento soberano que tienen los Estados para alcanzar determinados objetivos que están orientados al interés público general. Es parte constitutiva del accionar público. Además, las políticas públicas ponen en práctica el goce de determinados derechos. En definitiva son los derechos de los pueblos y la capacidad de regular de los Estados lo que se arbitra en este sistema de solución de controversias. Esto atenta contra el derecho al desarrollo de los países y contra la democracia», dice Natalia Carrau en la entrevista-.
«También podemos analizar las demandas desde el punto de vista de quien la origina. Es decir, podemos analizar las empresas transnacionales y el accionar que ejercen. Cuáles son los mecanismos que utilizan que les permite llevar a juicio a los Estados? Y reflexionar por el ejercicio de poder que detentan en este proceso. Este segundo análisis es importante para poder desmitificar el rol que le adjudicamos a las inversiones extranjeras y entender que es urgente problematizar el papel de estas inversiones y el poder que ejercen estas empresas. Todo el sistema de solución de controversias está montado como un engranaje de un sistema donde las empresas están en el centro ejerciendo su poder, maximizando beneficios y minimizando o socializando (que es peor) los costos».