Conmovido, José Milciades veía a migrantes venezolanos caminar por las carreteras de Nariño, departamento fronterizo con Ecuador. Se podría decir que habían cruzado toda Colombia.
Tras ver esas escenas de resiliencia y resistencia hace algunas semanas, este hombre, galardonado como “Defensor del Año” en 2016 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia entregado por Diakonia, coordinó con la Gobernación de Cali y la Universidad del Valle para trasladar a esas personas. José se quedó pensando en ellas y en la necesidad caminar junto a otros para denunciar la situación de Colombia.
«En este país ya nos acostumbramos al asesinato de los líderes, ya se volvió paisaje: nadie reclama, nadie se extraña, nadie se asombra, no hay justicia, hay impunidad. En la pandemia se agudizó el asesinato a los líderes comunales y a los firmantes de los acuerdos [de Paz] de La Habana [1]. Pensé en los venezolanos y me dije ‘Hay que hacer algo. Vamos a portar esa bandera que es el #NosEstanMatando’. Tomé la decisión de salir solo e hice un documento desde la rabia y la impotencia, que decía ‘Basta ya’».
Escribió ese documento en forma “descarnada”, dice, desde la indignación y el hartazgo, con la idea de marchar para exigir justicia, para visibilizar ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos que no dejan de cometerse en Colombia.
Compartió el texto con otros compañeros que, inspirados, decidieron sumarse su caminar. Formaron un grupo para coordinar la marcha, integrado por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Partido FARC-Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estudiantes de la Universidad del Cauca, la Guardia Indígena del Cabildo Pance, médicos tradicionales de los pueblos Misak y Nasa, integrantes de Unión Patriótica y de En Red Podemos.
«Al final esa propuesta que era mía desde el dolor, se volvió una idea colectiva, que ya no fue más mía. A la fecha se juntaron personas, grupos organizados, etnias indígenas. Y vamos todos por todos. Logré que la gente mirara la coyuntura y tuviéramos un momento de rebeldía saliendo a las calles, mientras el gobierno colombiano nos prohíbe salir», dijo Milciades a Radio Mundo Real.
«El Congreso está cerrado desde hace tres meses y el presidente tiene las manos libres para hacer y deshacer», agregó el defensor de derechos humanos, considerando que la cuarentena se declaró el 25 de marzo y, por el momento, se extiende hasta el 15 de julio. Sin embargo, el gobierno autorizó el 19 de junio la apertura de shoppings, habilitando ese “día sin IVA” para compras en centros comerciales -jornadas que se repetirán el 3 y 19 de julio-, mientras grandes constructoras como Jaramillo Mora arrasaban con asentamientos y cultivos y las fuerzas militares reprimían a campesinos y estudiantes, denunció Milciades.
DEMANDAS
La Marcha por la Dignidad comenzó el 25 de junio, desde la ciudad de Popayán (Cauca) hacia la capital colombiana, Bogotá, para denunciar el hambre, la corrupción y los asesinatos sistemáticos contra la población civil, contra líderes sociales e integrantes de procesos sociales. Las y los doce caminantes recogen demandas de distintas personas, comunidades y organizaciones sociales en cada lugar donde hacen un alto para descansar sus pies.
En el municipio de Cajibío (Cauca) les hablaron sobre los problemas para recuperar la tenencia de la tierra y la necesidad de que se cumplan los Acuerdos de Paz, para dejar de sufrir intentos de erradicación forzosa de cultivos «de uso ilícito», realizados por el Ejército y por erradicadores, que han enfrentado a las comunidades durante las erradicaciones, sin que el gobierno les ofrezca planes de sustitución de cultivos de coca.
En Santander, las comunidades negras junto al PCN han planteado su preocupación porque el congreso quiere reformar la consulta previa, libre e informada, que hoy les permite a las comunidades exigir al gobierno que les consulte sobre proyectos que podrían desarrollarse en sus territorios, que suelen ser industrias extractivas. Como ha pasado en Pance (Cali) donde la comunidad denunció la expulsión de sus territorios por parte de la constructora Jaramillo Mora, sufriendo desalojos «a sangre y fuego», según Milciades.
También varias comunidades campesinas reclamaron la aplicación de siete decretos que regulan y legislan sobre la protección colectiva de los territorios.
Al pasar por Cauca, la marcha por la dignidad recibió el apoyo de destacadas defensoras de pueblos y territorios, como la líder afrodescendiente Francia Márquez, actual presidenta del Comité Nacional del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia.
El 30 de junio llegaron a Cali y, desde allí los 25 caminantes han registrado amedrentamientos por parte de policías y patrullas, además de ser grabados en su recorrido, según denunciaron el 2 de julio en un comunicado y como puede verse en la última foto de la galería fotográfica en esta nota. Además, solicitan a los organismos multilaterales de derechos humanos exigir al Estado Colombiano protección de la vida de las y los líderes y representantes de las organizaciones sociales que emprendieron la ruta por la dignidad.
Por estas horas siguen caminando, con ampollas en los pies, con los cuidados requeridos para evitar contagios de la COVID-19, y no pararán hasta hacerse oír desde la capital: Bogotá.
¿A QUIÉN PROTEGE EL GOBIERNO?
El 25 de junio, en Popayán, autoridades del gobierno realizaron llamadas a los sectores que participan en la marcha para que se instale una mesa de diálogo, informó el entrevistado. Ante la insistencia, se reunieron al día siguiente con representantes de los ministerios del Interior, de Juventudes y de Educación pero, al ver que la intención de los funcionarios de gobierno era «desarticular los sectores», según dijo Milciades, y empezar a ofrecerles respuestas por separado, los caminantes suspendieron el diálogo.
El defensor de derechos humanos criticó que, por un lado, los funcionarios se manifestaran preocupados porque al marchar estas doce personas podían estar en riesgo de contagio por la pandemia, pero, a la vez, no les garanticen la seguridad personal aunque algunos de ellos, como Milciades, tengan medidas cautelares de protección. En su caso, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no autorizó a los escoltas a que se desplacen junto a él a lo largo de la marcha, por lo que responsabilizó a las autoridades si su vida corre peligro o sufre algún ataque en el trayecto.
Además, Milciades afirmó que el gobierno de Iván Duque ha aprovechado el estado de excepción que ha caracterizado a la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID19 para “gobernar por decreto”, sin los límites que puede marcar el Parlamento, avanzando en leyes que suponen reformas laborales, también en regímenes de pensiones y seguridad social, que perjudican a la clase trabajadora.