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Liberia revoluciona el derecho a la tierra

El país africano aprobó ley que otorgaría tenencia de tierras al 80 por ciento de la población del país.

Luego de meses de debate y con gran apoyo de la opinión pública, a fines de septiembre de 2018 se aprobó en Liberia la Ley de Derechos sobre la Tierra que se ha propuesto reconocer oficialmente los derechos que tienen las comunidades locales sobre los territorios productivos, sin necesidad de un largo proceso de titulación oficial.

Con este gran paso, Liberia podría impulsar profundas reformas en la tenencia de la tierra y los bosques de África Central y Occidental, y revertir el acaparamiento de tierras que existe en manos de empresas transnacionales madereras y productoras de aceite de palma.

«Es una de las leyes más importantes aprobadas desde que obtuvimos nuestra independencia hace más de 170 años, en 1847», dijo Ali Kaba de Sustainable Development Institute [1] (Amigos de la Tierra Liberia). Junto a su colega Nora Bowier analizaron en Radio Mundo Real la importancia y los desafíos que implica esta ley.

A lo largo de los años, el gobierno firmó distintos contratos con inversionistas extranjeros al punto de otorgar más del 50 por ciento de las tierras a inversionistas extranjeros, recordaron los activistas ambientales.

Al negociar con actores externos, las comunidades que usan las tierras no son considerados dueños legítimos y, por lo tanto, son desplazados sin ningún tipo de recurso legal.

Esto ha sido un problema durante mucho tiempo, por los desplazamientos y por la destrucción de la cultura, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

«Este proyecto de ley protege a la gente: si no tienes un documento que demuestre que eres propietario de la tierra, tienes que haber vivido allí y demostrar que tú y tus ancestros han vivido allí al menos 50 años. Esto es suficiente para que el gobierno reconozca tu derecho a la tierra», detalló Kaba.

Para Bowier, el desafío claro es implementar de la ley: «Tenemos que trabajar mucho para garantizar que haya protección para las comunidades y que la ley se respete. La sociedad civil tiene un papel clave en este proceso».