Del 14 al 20 de febrero más de 30 organizaciones españolas se unen para realizar la Semana contra la pobreza energética. En estos días se desarrollan diversas actividades como talleres, mesas redondas, presentaciones, un programa de radio especial y una movilización final a realizarse el domingo 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social.
Bajo el lema «la pobreza energética mata», las organizaciones sociales, entre las cuales se encuentra Amigos de la Tierra España [1] (AT-España), exigen medidas inmediatas al gobierno y reflexionan sobre los posibles caminos para una transición energética justa, donde la energía sea un derecho y no una mercancía. Radio Mundo Real entrevistó a Cristina Alonso Saavedra, responsable del departamento de Justicia Climática de AT-España.
¿Qué es la pobreza energética?
“La pobreza energética es una de las muchas caras que adopta la pobreza en el mundo entero”, dijo a RMR Alonso Saavedra. Según datos oficiales, en España, más de 5 millones de personas sufren pobreza energética, esto significa que en sus hogares no tienen garantizado ni satisfecho el suministro básico de energía, que les permite cocinar, iluminar en la noche, calentar los espacios en invierno o ducharse con agua caliente cotidianamente.
Las causas de la pobreza energética son múltiples y tienen que ver con varios factores, como el costo de la energía y el manejo oligopólico del mercado energético: “No hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y calidad de vida”, dijo la integrante de AT-España.
Alonso explicó que los impactos recaen con mayor peso sobre las mujeres y recordó que, según un informe del Parlamento europeo, “las familias monoparentales presentan un riesgo mucho mayor de sufrir problemas relacionados con la pobreza energética y la mayoría de estas están encabezadas por mujeres”. Además de que, por la conformación patriarcal del sistema y la división sexual del trabajo, son ellas quienes pasan más horas dentro del hogar y se dedican a las tareas de cuidados que se vinculan directamente con la alimentación y el aseo, entre otras tantas tareas.
En España hay un caso emblemático de injusticia energética que deja en evidencia la necesidad de los actuales reclamos sociales: la Cañada Real, donde hace más de 500 días que no hay energía, un asentamiento de viviendas de casi 15 kilómetros de extensión, donde viven más de 7.000 personas. “Nos están apagando”, denuncian los vecinos y vecinas de la zona a medios de comunicación españoles.
Problemas visibles, demandas claras
La Semana de lucha contra la pobreza energética cierra el domingo 20 de febrero con una concentración a las 12 en la Plaza de Las Provincias en Madrid con demandas claras y precisas al gobierno español.
En su plataforma reivindicativa se encuentran las siguientes exigencias: la implementación de una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible; el fin y la prohibición de los cortes de suministros energéticos básicos; aplicación de medidas de eficiencia energética; acciones para terminar con el oligopolio y la concentración en la generación, suministros, distribución y comercialización de energía; inversión pública y local que apoye el autoconsumo y las comunidades energéticas.
Soberanía y comunidades energéticas
Entre las demandas de La semana de lucha contra la pobreza energética se encuentra el impulso a las comunidades energéticas como forma de soberanía y no dependencia de las grandes empresas eléctricas. La energía comunitaria es además un posible camino para la transición a una energía limpia.
Alonso contó que el término “soberanía energética” se construyó a partir del concepto de “soberanía alimentaria” [2] impulsado por los pueblos, concretamente por la CLOC-La Vía Campesina [3]. “Se trata de alternativas construidas desde abajo que cuestionan el modelo de desarrollo no solo desde un enfoque económico, sino también político, se trata de transformar las relaciones de poder y aumentar la autonomía en los territorios”, dijo Alonso.
En síntesis, la soberanía energética propone “trasladar el poder a las comunidades, los pueblos y las personas en el ámbito de la energía, teniendo el derecho de tomar sus propias decisiones, en cuanto a la generación, distribución, el consumo y la gestión en general”, explicó la activista.
España cuenta con una herramienta legal que toma la forma de energía comunitaria y puede facilitar este proceso: las comunidades energéticas. “Un instrumento, el primero y el único hasta ahora que habla de la posibilidad de una democratización energética, la posibilidad de que la ciudadanía sea protagonistas de la transición energética”, aseguró Alonso.
Transición energética y crisis climática
Una de las practicas que contribuyen a la actual crisis climática y el calentamiento global es la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, para producir energías por parte de las grandes centrales eléctricas y la industria energética en general. Sobre esto, Alonso subrayó: “Son crisis interdependientes que se basan unas en otras y también se retroalimentan (…). Tenemos que hablar de una crisis eco social o crisis civilizatoria, que no es más que la consecuencia directa de un sistema económico capitalista, neoliberal y patriarcal”.
“Por esto es primordial la transición energética a una energía descarbonizada, pero como esto es un conglomerado de crisis, no se trata solo de cambiar la fuente energética e ir hacia energías renovables, que es el discurso oficial, sino como se lleva a cabo esa transición y quien la protagoniza”, insiste Alonso, haciendo referencia a la demanda de apoyo e impulso de comunidades energéticas en España. Una forma legal pero muy poco extendida en el país.
La gestión comunitaria es un camino a recorrer como posible solución desde los pueblos, tanto para la transición justa, como para la poner fin a la pobreza energética. En este informe de AT-España [4] se puede conocer más sobre esta herramienta comunitaria.