En 2013, tras un juicio histórico, el dictador Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y absuelto tiempo después por la Corte Constitucional de Guatemala. Este 26 de septiembre, la Justicia determinó por segunda vez que sí hubo genocidio en ese país centroamericano, pero volvió a absolver a otro imputado (que había sido juzgado con Ríos Montt y absuelto también en aquella ocasión): el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez que era jefe de la inteligencia militar durante la dictadura.
Rodríguez Sánchez y Ríos Montt fueron juzgados por 17 masacres en el Triángulo Ixil, Quiché. Unos 1771 indígenas ixiles fueron víctimas del plan de exterminio sistemático del Ejército entre 1978 y 1985, además de haber sufrido violencia sexual sistemática por parte de los soldados.
Edwin Qanil integra la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) que fue querellante en el juicio contra Rodríguez Sánchez y analizó la sentencia en diálogo con RMR: “La prueba ha sido contundente contra él. Sin embargo, a la hora de resolver, los jueces retorcieron las evidencias y escogieron elementos que lo podían beneficiar. El tribunal lo absolvió por una situación de racismo porque somos indígenas y no pasa mayor cosa si no se nos otorga justicia. Lo hemos hablado con autoridades indigenas, este sistema jamás nos ha tomado en cuenta, es ajeno a nosotros los pueblos indígenas”.
En cuanto a la responsabilidad de Rodríguez Sánchez en el plan sistemático de exterminio llevado a cabo desde el Estado contra el pueblo ixil, Qanil aseguró que el general retirado no podía desconocer lo que ocurría. Por el contrario, “Inteligencia fue la columna vertebral para llevar adelante el golpe”, siendo más importante que otras direcciones militares como Logística y Planificación. Entre sus tareas estuvo la de “caracterizar al enemigo, dejando instrucciones en general que cada comando lo podía interpretar a su manera”, dando libertad de acción a los efectivos militares.
Entre otras pruebas, la Justicia desestimó la existencia de un manual de guerra antisubversiva y otros documentos oficiales del Ejército donde se señala que el objetivo final es la población civil, en especial los y las ixiles, y “le ponen como reto encontrar a soldados capaces de realizar actos policiales, como asesinar a ancianos, mujeres y niños”, dijo Qantil a RMR.
Si bien el Tribunal reconoció que las evidencias y los testigos daban cuenta del genocidio llevado a cabo por Ríos Montt y sus secuaces, absolvió a Rodríguez Sánchez. No obstante, en la asamblea celebrada por AJR en los siguientes días a este fallo consideraron que es un «éxito total» que se reconocieran estos crímenes de lesa humanidad porque “muestra el racismo que existe todavía contra nuestro pueblo”, dijo Edwin. Añadió que evalúan continuar las denuncias en instancias internacionales.
Tanto persiste el racismo y la persecución hacia el pueblo ixil que, cinco días antes de esta sentencia, fue asesinada Juana Ramírez Santiago, de 56 años de edad, comadrona e integrante de la junta directiva de la Red de Mujeres Ixiles. El crimen se cometió con un arma de fuego el 21 de septiembre en el catón Xolanay, cerca de Nebaj, Quiché. Ella iba al lugar donde trabaja su esposo. En los últimos meses había recibido amenazas de diferentes actores por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres, y lo había denunciado ante el Ministerio Público.
“Realmente no ha cambiado nada respecto a la situación que viven los pueblos indígenas”, dijo Qanil sobre este caso. La diferencia es que “ahora se callaron las armas, pero se utiliza la ley para despojarnos de la tierra. Ahora hay un gran proyecto nacional para hidroeléctricas y extracción minera. Cuando algún grupo indígena se opone a eso, inmediatamente crean aparatos clandestinos para asesinarlos”. Por último manifestó su preocupación por los ataques que están sufriendo otros jóvenes movilizados contra este sistema y concluyó: “Lo más trise es que no sabemos cuándo van a parar de matarnos”.