En la madrugada del 6 de junio fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, defensor del territorio ancestral de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, miembro de la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Gracias a la rápida movilización, denuncias y presión nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y los territorios, Norales fue liberado esa misma noche. Ahora permanece resguardado con sus compañeros y compañeras por temor a que vuelvan a detenerlo las fuerzas represivas hondureñas.
La detención se produjo en un puesto policial, luego de un control de rutina, porque a Malvin le “reabrieron” una causa penal en su contra, que había sido clausurada en 2015. Le acusan de “usurpación” de un terreno de cinco manzanas que la compañía INTERMARES usufructúa desde el año 1996, cuando fue cedido por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), donde supuestamente INTERMARES pretendía construir una procesadora de harina de pescado.
En mayo de 2014, ante el hacinamiento en que vive la comunidad de Puerto Castilla, sus miembros decidieron recuperar el terreno baldío donde se encuentran los remanentes de INTERMARES, pero fueron desalojados violentamente por efectivos del Ministerio de Seguridad.
Las presiones existentes por parte de la implementación de las “ciudades modelo” (ZEDE) en estos territorios tienen como resultado la persecución de defensores garífunas. La detención sorpresiva de Norales, acusado de usurpación, “parece el recrudecimiento de una campaña de intimidación dirigida a neutralizar las posibles reacciones a la implementación de las ZEDE”, dijeron desde la OFRANEH.
“Las ciudades modelo han sido impulsadas por las administraciones Lobo-Hernández con el propósito de crear nuevas formas de gobernanza, destinadas al creación de estados-ciudad con independencia en materia de justicia y seguridad”, explicaron, para que allí puedan instalarse “proyectos extractivos, fracking, plantas procesadoras de gas, proyectos hidroeléctricos y petroleros”, denunció Miriam Miranda, referente de la OFRANEH, en diálogo con RMR. “Desde EEUU hay campaña para hacer fracking en Honduras”, añadió.
Estado policial
Miranda sintetizó la lucha de Malvin Norales como defensor del territorio y señaló que la detención de su compañero está vinculada a la intención del Estado hondureño y de capitales transnacionales de quitar del medio a defensoras y defensores de los pueblos que luchan contra los proyectos extractivistas y por la democracia en su país, que vive desde hace años bajo una dictadura civil: «El Estado hondureño criminaliza a defensores y defensoras de territorios para paralizar y generar terror en el pueblo», afirmó.
Por otra parte, la defensora garífuna dijo que la OFRANEH junto a otras organizaciones indígenas se han declararado en ALERTA para movilizarse contra una nueva versión de la Ley de Consulta Previa, libre e Informada [1] que el gobierno hondureño prepara para cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinado a proteger los pueblos indígenas. La preparación del texto no ha contado con la consulta y aprobación de los pueblos.
Miranda afirmó que están viviendo en un Estado Policial: «En Honduras tenemos una sociedad militarizada, una dictadura sostenida por la policía, por el ejército y por un cerco mediático».
Foto: COPINH