En el año 2004, Uruguay fue el primer país que puso en su Constitución el acceso al agua potable como un derecho humano y un bien común, no una mercancía. La ley de riego aprobada por el Parlamento del país en 2017, autoriza a los privados a embotellar el agua y venderla, es decir, contradecir la Constitución nacional.
Este 26 de octubre diversas organizaciones de la sociedad civil entregarán a la Corte Electoral unas 600 mil firmas que debieron reunir para convocar a un referéndum y derogar la ley de riego.
María Selva Ortiz, integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, organización que forma parte de la Campaña de recolección de firmas, explicó a Radio Mundo Real qué significa la ley de riego para este país y por qué hay que derogarla.
Entre los argumentos esgrimidos a lo largo de la campaña se ha señalado que esta ley “privatiza y contamina el agua para intensificar un modelo de agronegocio que tiene como protagonista a la soja transgénica, fundamentando que si se estimula el riego podemos producir el doble”, señaló Ortiz.
“Como REDES-AT hemos denunciado en los últimos 20 años las consecuencias ambientales, económicas y sociales que tiene este agronegocio”, agregó la ambientalista. Diversos estudios científicos y académicos han demostrado la “inviabilidad” de este modelo.
Además, la norma “excluye a la población de la toma de decisión sobre los recursos hídricos, violando la Constitución que consagra el acceso al agua como derecho humano”.