Los miembros de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT) solicitan que el gobierno de Lenin Moreno apele la sentencia ante el tribunal arbitral holandés antes de este miércoles 16 de diciembre.
La organización alerta sobre la intención del gobierno de “cumplir con el inconstitucional laudo arbitral en favor de Chevron” que, según la interpretación de UDAPT, ordena al Estado ecuatoriano “violar la autonomía judicial e inmiscuirse en un caso privado, lo que es inconstitucional y contrario a la soberanía nacional y a los derechos humanos”, expresaron en un comunicado [1] a fines de noviembre.
Para el abogado de UDAPT, Pablo Fajardo, una prueba del “sometimiento a intereses transnacionales” que tiene el gobierno de Moreno es el informe enviado por el Procurador General del Estado al presidente de la Asamblea Nacional, en la que reconoce explícitamente el compromiso de pagar a Chevron lo que esta transnacional exige por costos judiciales y por entender que su imagen se vio “afectada” durante los más de 25 años de juicio que lleva esta causa.
Los fondos para esto serán parte de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como consta en la carta de compromiso suscrita entre el gobierno de Ecuador y ese organismo internacional, a pesar de que “los recursos provenientes de deuda externa solo pueden destinarse a proyectos de inversión -comentaron varias organizaciones ecuatorianas-. Es obvio que el laudo de Chevron no es un proyecto de inversión ni estuvo registrado como tal en el banco de proyectos de inversión del Estado”.
Actualmente, “en los sectores como educación y salud, entre otros, hay unos recortes económicos increíbles porque, supuestamente, no hay recursos; sin embargo, insistimos, se está reservando dinero para pagar [a Chevron] una deuda que no es legítima, que es ilegal y obedece a violación de derechos humanos” afirmó Fajardo a Radio Mundo Real.
Cronología de los últimos movimientos en el caso Chevron
En el año 2011, la justicia de Ecuador condenó a la petrolera transnacional Chevron a pagar una cuota millonaria por daños al ambiente y a la salud, en el caso Lago Agrio [2]. Una sentencia emblemática y ejemplar a nivel mundial, ratificada en junio de 2018, cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó una acción de protección solicitada por Chevron [3].
Pero, el 30 de agosto de 2018, se emitió un laudo arbitral a favor de Chevron contra el Estado ecuatoriano. El laudo ordena anular la sentencia del caso Lago Agrio, impedir que los demandantes del caso puedan homologar la sentencia en otros países (como se intentó en Canadá [4] y Argentina) y que el país pague a Chevron una suma millonaria, por costos judiciales y por “afectar su imagen” durante los más de 25 años de juicio que lleva esta causa.
Ante este panorama, el Estado de Ecuador planteó una acción de nulidad del laudo ante el sistema judicial holandés. El 16 de septiembre de este año, un tribunal de primera instancia de la justicia holandesa emitió una sentencia en la cual niega el recurso de nulidad planteado por Ecuador. El gobierno de Moreno tiene plazo hasta este miércoles 16 de diciembre para apelar esa sentencia, intentar revertirla y lograr la nulidad del laudo. Sin embargo, a un día de vencerse el plazo, la Procuraduría General no planteó aún el recurso de apelación. Sobre esto, Fajardo afirmó:
“No vemos una intención clara del gobierno ecuatoriano de realizar la apelación a esa decisión judicial, lo que si vemos es una falta de defensa técnica del estado, una complicidad del Estado ecuatoriano”.
¿Qué puede suceder si el Estado de Ecuador no apela?
Si el gobierno ecuatoriano no se pronuncia antes del 16 de diciembre el laudo arbitral quedará firme y se ejecutará. Esto significa que el panel de árbitros impondrá una millonaria suma de dinero que el Estado deberá pagarle a Chevron. Además, esto incrementará la presión y persecución a los accionantes del caso Lago Agrio para lograr que no ejecute la sentencia fuera de Ecuador.
Si esto sucede, para Fajardo se consuma un “pésimo precedente que se está generando en el mundo, en el cual los derechos económicos de las corporaciones transnacionales siguen imponiendo a los derechos humanos, y refleja cada vez más fuerte la necesidad de un Tratado Vinculante [5] que permita acortar la asimetría, la diferencia o la distancia que hay entre el acceso a la justicia de los pueblos y la criminalidad que cometen las transnacionales”.
Carta abierta al Presidente Lenin Moreno
Cientos de movimientos y organizaciones sociales, entre las cuales se encuentra Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) adhieren a esta carta dirigida al Presidente ecuatoriano [6], en la que exhortan a que se apele la sentencia contra Ecuador. De no hacerlo: «Ese veredicto terminaría con la esperanza de justicia por parte de los afectados y consolidaría el sistema ISDS poniendo en peligro el estado de derecho».