Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de este año en su hogar ubicado en Yeri, territorio ancestral de Salitre, Puntarenas, por el que luchaba desde hace más de una década.
Era líder indígena Bribri, miembro fundador del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra) y el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI).
Se cumplen 4 meses [1] de lo que decenas de movimientos y organizaciones sociales consideran un «asesinato político», responsabilidad del Estado costarricense «por su omisión en cuanto a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y los derechos legítimos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales», según expresaron en un petitorio [2] que presentarán ante la Fiscalía General de la República este jueves 18.
Desde Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, una organización que apoya la lucha de Sergio Rojas y de su comunidad por recuperar sus tierras y territorios, dijeron a Radio Mundo Real que se necesitan «respuestas y pistas claras desde el Estado para saber por dónde está yendo la investigación sobre el crimen».
Alejandra Porras, integrante de Coecoceiba consideró que «hay buenas intenciones, pero no hay claridad sobre cómo ni quién está haciendo el proceso de investigación. El Estado ha mostrado una apertura muy leve para la investigación y, a cuatro meses del asesinato de Sergio, no vemos que avancen en la verdad y la justicia sobre el crimen», agregó la activista que también forma parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.