Las negociaciones del tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), que involucra a 16 países de Asia-Pacífico, no cumplen con los estándares internacionales de transparencia y participación pública, asegura una investigación titulada “RCEP: un acuerdo secreto” y realizada por varias organizaciones internacionales.
“Es bastante impactante cómo los representantes de gobiernos pueden esconderse atrás del secreto, argumentando que es necesario para que las negociaciones sean efectivas”, dijo a Radio Mundo Real la investigadora Susana Barria, del área de Justicia Comercial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y que participó del nuevo estudio.
“En realidad ese accionar amenaza la legitimidad pública del proceso y lleva a que la gente se pregunte los intereses de quién se están defendiendo, porque claramente, si la gente no es informada no son sus intereses los que se están representando”, agregó.
El RCEP es un tratado de libre comercio liderado por China que nuclea a los diez países que hacen parte de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés, integrada por Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunéi, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya), más China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia. El 27 de julio finalizaron una nueva ronda de negociaciones en Bangkok, Tailandia.
De firmarse este acuerdo, lo que podría ocurrir este año, sería uno de los tratados regionales de libre comercio más grandes del mundo. Los países que participan en las negociaciones representaron en 2016 más de la mitad de la producción global, el 32 por ciento del producto interno bruto mundial y el 29 por ciento del comercio internacional, según información del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, citada por la agencia de noticias Yonhap.
El estudio “RCEP: un acuerdo secreto” [1] fue publicado en julio por Amigos de la Tierra Internacional, el Transnational Institute, Indonesia for Global Justice, Focus on the Global South y Paung Ku.
“Este trabajo es muy importante porque muestra en detalle que el proceso de negociaciones del RCEP es problemático desde la perspectiva de la transparencia y la participación pública”, dijo Barria a Radio Mundo Real. “El estudio realmente muestra que no es un tema sólo de contenido, donde también hay aspectos importantes, sino que el proceso en si mismo es profundamente defectuoso”, añadió la campañista.
La ISP es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 163 países. En su página web [2] estipula que la red defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad.
Barria mencionó varios de los estándares internacionales que no se cumplen en las negociaciones del RCEP: no se publican los borradores de textos en negociación, lo que es importante para que el público sepa lo que se está tratando en su nombre; no han habido evaluaciones de impactos del posible tratado sobre derechos humanos, el medio ambiente o el empleo; diversos grupos de interés público que representan a numerosos sectores sociales casi no tienen participación, mientras las corporaciones tienen acceso preferencial a los términos del acuerdo.
Un tratado comercial como el RCEP tendrá repercusiones en el empleo, las condiciones laborales, los salarios, las posibilidades de regular el sector privado que brinda servicios públicos fundamentales para los trabajadores, como agua, electricidad, salud, aseguró Barria. Sin embargo, el acuerdo no es discutido con los sindicatos, se lamentó la activista. Todos estos aspectos deberían ser tenidos en cuenta para la cristalinidad y legitimidad pública del proceso, consideró.
La investigadora de la ISP relató que en algunos países participantes de las negociaciones del RCEP el parlamento no discute el tratado, simplemente lo ratifica o no al fin del proceso. En algunos estados, como en India, ni siquiera lo ratifica el parlamento porque es una decisión que le corresponde al Ejecutivo.
Para Barria, además, el RCEP debería incluir una cláusula de cancelación, que se pudiera utilizar en el futuro para hacer caer el tratado, en caso de que no diera los resultados esperados. No obstante, la ISP va más a fondo: “mientras no haya una toma de decisión democrática como mencionamos, debe haber una moratoria a estas negociaciones”, sentenció Barria.