El agua es más que una necesidad básica: es un derecho. En la lucha por ese reconocimiento están muchos pueblos del mundo intentando, con estrategias y propuestas concretas, enfrentar a gobiernos y corporaciones que pretenden despojarles de este bien común.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) publicó a fines de 2018 el informe Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe en el que se detallan las situaciones de 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay.
Para conocer detalles de esta publicación estamos en línea con Diego Martínez, compilador de la publicación e integrante de CENSAT- Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia.
El documento contiene propuestas surgidas desde los movimientos sociales, las organizaciones y alianzas populares tanto para la gestión comunitaria del agua y el reconocimiento del derecho fundamental, como para enfrentar la restauración neoliberal en la región, que busca imponer medidas de mercantilización, privatización y financiarización de este bien común.
En cada capítulo por país se caracterizan las formas de las políticas del agua en cada gobierno y los amplios escenarios de articulación popular necesarios para la defensa del agua. «El agua funciona como elemento articulador de gestiones comunitarias y se convierte en el desencadenante de la movilización social frente al modelo de despojo”, dijo el ecologista colombiano.
“En Latinoamérica estamos observando un escenario sin precedentes sobre los conflictos por el agua. Estos conflictos no radican en una escasez natural del agua, sino una escasez inducida, bajo un modelo industrial extractivo a través del acaparamiento de fuentes de agua, concesiones de recurso para la gestión corporativa, mal manejo por parte de las empresas, monopolización del servicio del agua, contaminación de las fuentes de agua con desastres ambientales como lo de Vale en Brumadinho o el cianuro en San Juan-Argentina”.
Pérez también advirtió el desconocimiento sobre la gestión comunitaria y ancestral del agua que tienen quienes diseñan las políticas públicas. Hay unos 8 mil gestores comunitarios de agua que abastecen a 70 millones de personas. Se destacan las gestiones ancestrales de Colombia, Guatemala, México.
La principal crítica a las políticas públicas sobre el agua en la región es la debilidad de los Estados para garantizar el derecho fundamental a este bien común. Algunas de las deficiencias descritas son: la enorme dispersión y superposición normativa; un deficiente acceso a la información sobre la situación del agua; el desconocimiento de los valores de gestiones ancestrales y comunitarias; desconocimiento de los derechos campesinos e indígenas en el marco de su derecho al consentimiento previo, libre e informado y la ) ausencia de mecanismos e instancias de participación en los procesos de toma de decisiones.
El informe de ATALC puede descargarse aquí [1].