En Ecuador, el 55 por ciento de las unidades productivas agropecuarias está en manos de la agricultura familiar campesina e Indígena, que desde allí produce el 70 por ciento de los productos destinados a la alimentación de la población nacional, según datos de un informe de la Unión de Afectados/as por las Operaciones Petroleras de Texaco en Ecuador (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador) [1].
Sin embargo, históricamente la macroeconomía del país se ha centrado en la dependencia de la extracción de petróleo y la producción agrícola para la exportación. En ese camino, los diversos gobiernos han abierto las puertas a inversiones extranjeras, que sostenidas por la concentración de la tierra determinan el uso del suelo para el monocultivo agroindustrial y la extracción de hidrocarburos.
El informe de UDAPT es un diagnóstico nacional titulado “Cambios de políticas y legislación en los sectores agropecuarios del Ecuador, afectando a los pequeños agricultores y mujeres emprendedoras de los sectores más vulnerables”*. Fue presentado en 2021 y Radio Mundo Real entrevistó al respecto al sub coordinador de la organización, Ramiro Ortiz.
El activista comentó que durante la elaboración del diagnóstico encontraron varias problemáticas vinculadas a la salud humana, del territorio, que afectan a la estructura social y económica del país. “Como principal afectación hemos visto la contaminación a las fuentes de agua por el uso indiscriminado de los agroquímicos por las diferentes empresas, la ampliación de la frontera agrícola para monocultivos como el de la palma africana, (…) la disminución de las áreas boscosas por la tala para el incremento de las actividades agropecuarias y energéticas, incluso dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, (…) el aumento de los problemas de salud de la población rural y la pérdida de sus prácticas ancestrales. Además, por el uso de agroquímicos el suelo se hace infértil y no sirve para futuras cosechas”.
La tierra ante la ley
Desde finales del siglo XIX, con el auge del cacao, y posteriormente las bananeras a mediados del siglo XX, el país experimentó grandes cambios económicos, políticos y sociales que no han beneficiado al pueblo ecuatoriano. La cultura y modos de vida tradicionales centrados en la vida nunca han sido compatibles con el modelo colonialista de los sectores terratenientes, que con intenciones de corregir la improductividad campesina, impulsaron políticas como la Ley de Colonización Amazónica y la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, que facilitaron el avance sobre los territorios ancestrales.
En la década de los ‘80 del siglo pasado, las políticas macroeconómicas abrieron las puertas a la intervención de actores privados en el Estado, para favorecer la exportación agroindustrial. Este proceso contribuyó a la polarización de los productores: “por un lado aquellos con alta vinculación al mercado internacional y con disponibilidad de recursos productivos; y por otro, productores campesinos operando bajo sistemas de agricultura familiar, carentes de recursos y encargados de generar productos alimenticios básicos para el consumo nacional”, según describe el diagnóstico.
Con la ola neoliberal, en los 90’ se vivió un impulso modernizador del sector agrícola, a través de leyes que derogaron la Ley de Reforma Agraria aprobada en 1964, para favorecer a la acumulación capitalista. Se autorizó el fraccionamiento de tierras comunales y su ingreso al mercado de tierras, y se liberalizaron los precios al productor y al consumidor. Esto impactó directamente en la producción de los principales cultivos de consumo interno, como los cereales, los granos y la papa. Eso significó un embate a la soberanía alimentaria y cultural del país, así como a la economía campesina.
Durante los primeros años de este siglo se creó una serie de políticas orientadas al desarrollo agrario que prometían un cambio de rumbo, en pos de garantizar el acceso a la alimentación para la población. Sin embargo, el apego de los gobiernos a los lineamientos del mercado internacional puso obstáculos para el funcionamiento real de esas políticas.
Durante el llamado Gobierno de la Revolución Ciudadana, en 2008, se aprobó por primera vez una Constitución que definió a la soberanía alimentaria como el eje principal de la política pública en el sector agropecuario. Así se construyó mayor participación del Estado en la planificación de la economía y se establecieron mejores mecanismos de participación ciudadana. Lamentablemente, una vez más el sentido de la política fue tergiversado para seguir beneficiando a las grandes empresas concentradoras de la riqueza, mientras se profundizaron las condiciones de precariedad en el trabajo rural.
Al respecto, Ramiro complementó: “los diferentes gobiernos que entran al poder van creando nuevas leyes que favorecen a las empresas y van dejando a un lado a los productores campesinos, para que caigan en este sistema y que las empresas puedan vender sus insumos”. Finalmente, en 2009 se aprobó la Ley orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria en la agricultura familiar campesina. Esa política democratizó el acceso a recursos productivos para pequeños/as y medianos/as productores/as, lo que favoreció un mejor posicionamiento comercial.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE [2], que aglutina a las organizaciones indígenas del país) presentó en 2012 una Ley de Tierras que puso por delante el respeto a las dinámicas territoriales de los pueblos.
Diversas organizaciones sociales siguen demandando fortalecer la soberanía alimentaria, cumplir los derechos de la naturaleza, eliminar la concentración de tierras y sancionar el monocultivo y la producción de agrocombustibles.
La riqueza bajo tierra
Desde los primeros hallazgos de petróleo en la Amazonia ecuatoriana durante los años 60’ del siglo pasado, la asociación de empresas Texaco Petroleum Company y Gulf Oil Company, ha definido el rumbo de la economía política del país, admitiendo distintos grados de participación del Estado. El trabajo de estas empresas ha estado siempre orientado a obtener la mayor ganancia bajo la menor inversión, “a costa del sacrificio de la naturaleza y la vida, la dignidad y la subsistencia de los diferentes pueblos originarios”, según expresa la UDAPT en su informe.
La gran cantidad de desechos tóxicos arrojados al ambiente por las petroleras ha causado la muerte de varias especies animales y vegetales, y ha afectado la salud y alimentación del pueblo ecuatoriano. Se perjudicó además la economía de subsistencia y los/as trabajadores/as locales debieron introducirse en una economía de mercado. El paso de las empresas petroleras por el país dejó un rastro de destrucción del ambiente y el entramado social. Los derrames de crudo fueron frecuentes y las áreas afectadas nunca fueron remediadas. Los drenajes construidos arrojaban los lodos y desechos en diversas fuentes de agua superficial, y los impactos en la salud humana no tardaron en llegar, especialmente sobre los cuerpos de las mujeres: de acuerdo al Registro Biprovincial de Tumores, de cada 100 casos de cáncer, el 72 por ciento se producen en mujeres y la tasa de abortos espontáneos supera el 150 por ciento.
No hay una respuesta clara por parte del Estado ante esta grave situación en la salud. El diagnóstico de UDAPT denuncia que “ante la ausencia del Estado, es la empresa extractora-destructora la que empieza a proveer la dotación de servicios básicos a la población, ejecuta pequeñas campañas de salud, entrega útiles escolares a los niños y niñas, les contamina los ríos, vertientes y luego les dota de pequeños tanques para que recolecten agua lluvia”. Además, esas empresas “realizan masivas campañas de comunicación que presentan sus bondades, y es tal el impacto que las propias comunidades, víctimas de los crímenes corporativos, terminan aplaudiendo y agradeciendo la presencia de la empresa que destruye sus vidas”.
Las consecuencias sobre la vida de las mujeres no solamente se dan en su salud. La entrada de la industria en una comunidad provoca un desequilibrio demográfico, porque las empresas contratan exclusivamente a varones. Surgen problemas como el alcoholismo, que no eran parte de la cultura tradicional. Ortiz comentó que “hay un limitado acceso a la educación, pues además de su condición de asalariadas agrícolas, también tienen a su cargo las tareas del hogar”. El diagnóstico aclara que “ellas cultivan la tierra, cosechan fruta, recogen agua y trabajan directamente con la tierra en la chacra, nunca reciben ningún dinero o beneficios de las empresas, solo más trabajo entre la vida familiar”.
Desde la UDAPT se llevan adelante varias líneas de acción al respecto de las problemáticas observadas a partir del diagnóstico: campañas sobre la contaminación ambiental y los derechos humanos y de la naturaleza, intercambio y recuperación de semillas campesinas, grupos de intercambio de experiencias territoriales entre mujeres, y un grupo jurídico que trabaja en articulación con otras organizaciones nacionales en pos de modificar las leyes.
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