Dieciocho organizaciones sociales se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el período de audiencias realizadas el 15 de febrero en Bolivia. Allí denunciaron que hay más de 83 mil personas desaparecidas y 26 mil cuerpos sin identificar en los cementerios de Colombia.
“Colombia ocupa el primer lugar entre los países con más líderes sociales asesinados y pretende dar lecciones de democracia a otros (como Venezuela)”, dijo Naya Parra, integrante del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) especializado en investigar y denunciar desapariciones forzadas en ese país, vocera de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la Audiencia.
En la presentación, las organizaciones hicieron énfasis en la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas, la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación (entierro), y la participación efectiva de las víctimas en las entregas de los cuerpos de sus seres queridos.
El Colectivo Fals Borda participó en la audiencia donde también la Asociación Minga y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) fueron convocantes como referentes de la sociedad civil. Por parte del Estado colombiano hubo representantes de Cancillería, Ministerio del Interior, Comisión por la Verdad y Fiscalía. Las organizaciones reclaman que falta participación de familiares de las víctimas en la búsqueda de Verdad y Justicia.
Las organizaciones también criticaron que no se permita la participación de familiares de las víctimas en la comisión de la verdad y en la unidad de búsqueda.
Denuncias
Entre las denuncias presentadas durante la Audiencia ante la CIDH se destaca la situación de los cementerios municipales, como el de Tumaco, uno de los municipios más afectados por la violencia. Aunque existe reglamentación específica para el manejo de cuerpos de personas no identificadas en los cementerios, en la práctica la situación es dramática por el riesgo permanente de extraviar cuerpos y de perder documentación, además de no tener las condiciones mínimas de salubridad y control para las tareas.
Otra denuncia es que las instituciones estatales no siempre cumplen los protocolos de entrega digna de los cuerpos de las víctimas que ya han sido identificadas. En algunas entregas no se permite a las familias participar en la preparación de las ceremonias ni conocer de qué forma las entidades identificaron el cuerpo.
Preocupaciones
El presidente Iván Duque, cuestionado en un taller comunitario realizado el 9 de febrero en Mojana por la falta de protección a defensores de pueblos y territorios, dijo: “No podemos garantizar esquemas individuales (de protección) para ese universo, por eso es tan importante atender alertas tempranas y tomar medidas colectivas”.
Naya criticó que el mandatario “pretenda dar lecciones de democracia a otros países cuando no se ha ocupado de lo que pasa en nuestro país”. Y sobre la falta de recursos para las políticas de verdad, justicia y memoria histórica opinó:: “No hay excusas posibles para no buscar a los desaparecidos: es una obligación que no prescribirá y no descansaremos hasta encontrarlos a todos y a todas”.
“En lugar de pensar en nuestro país, nuestro presidente se preocupa de hablar de ayuda humanitaria a otro país (en referencia a Venezuela), cuando ni siquiera tiene claro las políticas que debe tomar frente a los graves hechos que ocurren en Colombia -dijo Parra-. Tenemos el deshonroso primer lugar como país con más defensores de derechos humanos amenazados y asesinados en el mundo, tenemos cementerios a la intemperie llenos de fosas comunes con víctimas de la violencia, y el gobierno dice que no puede proteger a los líderes sociales: son respuestas que no corresponden a la responsabilidad de un jefe de Estado”.
En la Audiencia no estuvo presente ningún representante de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -creada como parte de los Acuerdos de Paz de la Habana-. Para las organizaciones de la sociedad civil esto es parte de la falta de voluntad política para esclarecer los crímenes del conflicto armado. En representación del Estado estuvo Susana Arango por la Fiscalía General de la Nación y Álvaro Sandoval, director de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores.