La refinería La Pampilla es propiedad de la trasnacional española Repsol y está ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao en Perú. El 15 de enero este lugar protagonizó el mayor desastre ecológico de los últimos tiempos. En medio de la descarga del buque petrolero Mare Dorium se produjo un derrame equivalente a 6.000 barriles de crudo en el mar.
Este crimen ambiental, responsabilidad de Repsol, causó daños irreparables a la biodiversidad, tanto en la fauna como en la flora marina, ocasionando la muerte de cientos de aves, peces, lobos marinos y pingüinos, entre otras especies, y también tuvo impactos socioeconómicos en las familias pescadoras y personas dedicadas al turismo que se quedaron sin sus medios de vida.
Los derrames de petróleo, además de alarmantes, son usuales en Perú. La impunidad de las trasnacionales también.
“Con la Constitución política de 1993 y todas las normas que han seguido, llamadas ‘paquetazos ambientales’, la fiscalización ha sido muy débil y casi todos los episodios de derrame de petróleo, sobre todo en la Amazonia, han quedado impunes; como el derrame de Repsol ha ocurrido en la costa cerca de Lima es considerado un mega desastre”, dijo Rosa Rivero de la Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte Perú (MMM) entrevistada por RMR.
Las trasnacionales petroleras tienen un vasto historial de destrucción ambiental en todo el mundo. Sin ir muy lejos, ni en territorio, ni en el tiempo, en Ecuador, que aún no olvida los crímenes ambientales de Chevron [1], el 29 de enero se produjo un derrame que afectó la Amazonia ecuatoriana y contaminó la reserva ambiental Parque Nacional Cayambe-Coca. También está el caso de Shell en Nigeria [2], por nombrar solo algunos.
También es histórica la resistencia de las organizaciones sociales a estas empresas extractivistas, como es el caso de la demanda iniciada en 2019 por Amigos de la Tierra contra Shell [3] que culminó con una victoria histórica. En Perú, las organizaciones sociales Justicia Socio Ecológica, Jubileo Sur América [4] y la Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte Perú [5] (MMM) han emitido un comunicado [6] informando sobre la grave situación, catalogada de “crimen ambiental” y exigiendo a la transnacional y al Estado que se responsabilicen por los hechos.
El Ministerio de Salud peruano ha identificado 21 playas afectadas por el derrame. Además, ha impactado en los ecosistemas de dos áreas protegidas: la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e islas Guaneras y la Zona Reservada Ancón. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) estima que hay un millón 739 mil metros cuadrados afectados. A medida que pasan los días, los daños y consecuencias del derrame aumentan.
El comunicado de las organizaciones se titula: “La vida no tiene precio”. Para Rivero, “la afectación es muy grande, no queda en el corto plazo, en el derrame petrolero está de por medio la vida”. La activista explica que los daños en la salud humana no son inmediatos sino “que la contaminación en las personas es progresiva, igual que en la minería”.
Tres días después del derrame de Repsol, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que “es el peor desastre ecológico ocurrido en los últimos tiempos” y consideró que la empresa “debe resarcir este daño de manera inmediata”.
“Esto afecta más a los más vulnerables, que son los pequeños agricultores artesanales y a todas las familias que están buscando generarse recursos en medio de este contexto de pandemia, hambre y pobreza en Perú”, señaló Rivero.
Pasaron más de 15 días del derrame, pero como el daño aún no ha sido cuantificado, las respuestas tampoco han llegado. “Eso es una evidencia más de que las instituciones competentes no están en capacidad inmediata para poder responder”, aseguró la integrante de la MMM.
El 22 de enero se declaró “estado de emergencia” en la zona costera afectada por el derrame de petróleo, por un plazo de 90 días hábiles. El 25, el OEFA informó que observó una mancha oleosa en las inmediaciones de la terminal que podrían corresponder a un segundo derrame, que la empresa negó, pero el organismo confirmó algunas horas más tarde.
La empresa Repsol actualmente está a cargo del operativo de limpieza y sus actividades están paralizadas. La Fiscalía peruana tiene una investigación en curso para determinar responsabilidades y cuatro empleados de la trasnacional son investigados.
Repsol se excusa de una responsabilidad empresarial sobre el derrame, bajo el argumento de que se produjo un “oleaje anómalo” por la erupción de un volcán en la isla de Tonga, que facilitó el derrame en medio de la descarga y, como ninguna alerta había sido emitida, no pudieron preverlo. Sin embargo, “los informes recibidos señalan que el derrame se produce antes del oleaje anómalo, la empresa Repsol no actuó inmediatamente con su plan de contingencia y mintió al dar su informe para minimizar el daño”, contó Rivero.
Además, señaló Rivero, “todas las empresas deben tener un sistema de alerta temprana, un plan de contingencia, sobre todo cuando están en la orilla del mar”. Hay investigaciones en curso que muestran que Repsol o no contaba con estos instrumentos de prevención o los tenía desactualizados, por esto Rivero afirmó: “es un delito que tiene ser sancionado y el daño reparado”.
Rosa Rivero contó que, en este contexto, hay dos elementos en las reivindicaciones sociales, uno a corto plazo: que el crimen “no quede impune”. Y otro a largo plazo: luchar para cambiar las reglas del juego.
“Es urgente cambiar la Constitución política del Perú, heredada del gobierno de Fujimori, porque en todos los lugares donde hay actividades extractivas hay contaminación, hay despojo, hay violencia, hay militarización y hay criminalización de la protesta”, dijo la entrevistada y agregó: “necesitamos recuperar nuestra soberanía y poder decidir sobre nuestros territorios”.
El debate actual es “como construir una economía centrada en la vida” y poner en el centro la vida implica la defensa de los recursos que la sostienen: el agua, los territorios, los derechos de pueblos y comunidades. y terminar con las violencias. “Las mujeres señalamos la necesidad de cambiar las causas que generan la opresión, ese cambio es anticapitalista y antipatriarcal”, finalizó Rivero.