Este 18 de marzo, Sergio Rojas, líder indígena Bribri, fue asesinado de 15 balazos en la comunidad de Yeri, en la zona de Salitre, al sur de Costa Rica.
Como miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) Rojas luchó por la restitución de las tierras ancestrales y la conservación de los ecosistemas nativos.
Las organizaciones locales condenaron «este asesinato vil» y culparon «al gobierno de Carlos Alvarado y a los anteriores por la muerte de Sergio Rojas y por no cumplir con su obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos originarios de Costa Rica».
Los pueblos indígenas resisten la violencia de los usurpadores de territorios que violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las leyes de Costa Rica, ante la pasividad inaceptable del gobierno de Carlos Alvarado.
Horas antes de su asesinato, junto a otros miembros de la comunidad indígena, Rojas presentó ante la fiscalía denuncias por usurpación de tierras por parte de personas no indígenas en sus territorios, y las amenazas constantes de las que son objeto desde hace varios años sin que haya respuesta efectiva por parte de las autoridades costarricenses.
«Aún cuando existen medidas cautelares entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Salitre, se dio este nefasto hecho que ha conmocionado a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales del país mesoamericano y de toda la región latinoamericana», señalaron desde Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) en un comunicado [1] emitido el 19 de marzo. En ese documento llaman a la comunidad internacional y a los movimientos sociales de la región y del mundo a denunciar el asesinato de Sergio Rojas y a «mantenernos en alerta permanente frente a la injusticia que sigue acompañándose de la impunidad hacia nuestros pueblos».
Para saber más sobre este caso, Radio Mundo Real entrevistó a Alejandra Porras, integrante de COECOCEIBA-AT Costa Rica y ATALC.
Porras detalló que el FRENAPI y otras organizaciones sociales, ambientalistas, ecologistas, políticas sostienen que este ha sido un «crimen político» y que el Estado costarricense es el principal responsable «por su inacción e incompetencia» para garantizar la protección a defensores y defensoras de pueblos y territorios, como era el caso de Sergio, que tenía medidas cautelares desde 2015.
También sostuvo que el Estado es responsable porque no han respondido correctamente a resolver las usurpaciones en territorios ancestrales por parte de individuos muchas veces enviados por empresarios o miembros del gobierno que quieren quedarse con esas tierras.
El 19 de marzo, diversas organizaciones sociales realizaron una vigilia ante la Asamblea Legislativa y este miércoles 20 habrá una concentración en el centro de San José de Costa Rica para exigir justicia e identificar a los responsables materiales del crimen.
Porras indicó que el Observatorio de Derechos Humanos del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena ha investigado con nombre y apellido a los usurpadores de territorios (sinqueros) y cómo éstos contratan a personas para que agredan a las comunidades indígenas para despojarlas de los territorios.
Esa información del Observatorio está en manos de la Presidencia de Costa Rica, por lo que desde Coecoceiba exigen que las autoridades estatales y judiciales tomen en cuenta estos antecedentes en la investigación para dar con los asesinos, así como los registros de las personas que amenazaban al defensor bribri.