Desde el 5 de abril -aunque efectivamente comenzó el 26 de abril- se desarrolla en Tegucigalpa el juicio a David Castillo, un ex oficial de inteligencia hondureño, militar entrenado en West Point, devenido funcionario estatal en el sector energético y luego empresario a cargo de la gerencia de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que lleva el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco. Ese proyecto al cual Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) se oponen. Castillo está acusado como autor del femicidio, podríamos decir que es el primer autor intelectual en ser juzgado en el marco de esta causa que ya condenó en 2018 a siete hombres como autores materiales.
Desde la familia Cáceres han hecho mucho hincapié en señalar que Castillo es una “pieza clave” para conectar la estructura criminal del crimen con los autores intelectuales, entendiendo que la poderosa familia empresarial Atala Zablah está detrás de la orden de asesinar a la defensora lenca.
Para analizar cómo se está desarrollando este juicio, qué pruebas claves se han presentado en estas semanas y qué falta para obtener justicia para Berta, estamos ahora en comunicación con Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y la abogada Alexa Maradiaga, que integra la Misión de Observación Calificada internacional del caso.
RMR: ¿Cómo llegamos a esta instancia judicial? Han pasado 63 meses desde aquella noche del 2 de marzo de 2016 cuando Berta fue asesinada en su casa de La Esperanza, Intibucá. David Castillo fue detenido dos años después, cuando estaba por salir de Honduras, y su prisión preventiva estuvo a punto de vencer antes de que llegara el juicio en su contra. Su defensa ha interpuesto numerosos recursos para dilatar el comienzo de este proceso [1]. ¿Cómo han sostenido la familia Cáceres y el COPINH la lucha en este tiempo para llegar a este proceso judicial?
Laura Zúniga (LZ): una de las cosas fue romper la estrategia que tenían armada quienes la asesinaron para garantizar la impunidad. Incluso antes de que se levantara el cadáver de mi mami en su casa, el estado hondureño decía que esto era un “crimen pasional” o un robo. Poder desmontar en ese momento ese discurso y señalar que las autorías del asesinato venían por el ejercicio de defensoría que hacía mi mami creo que fue muy importante. Sostenerlo durante cinco años se ha logrado gracias a la colectividad, al COPINH, que son varias comunidades que están en resistencia; pero también por todo el apoyo y la solidaridad que se ha mostrado a través de todos estos años alrededor del mundo, cuando se suman a acciones globales, como la de este 2 de junio [2], o dejan cartas en las embajadas, para seguir impulsando este proceso judicial.
RMR: Alexa, ¿qué podrías destacar del rol que ha tenido la Misión de Observación internacional en este juicio y en el anterior proceso judicial contra los autores materiales?
Alexa Maradiaga (AM): El sistema judicial hondureño con demoras importantes, gran incapacidad técnica de muchos funcionarios y funcionarias, con muy poca voluntad política, es muy importante mantener esta visión de cómo se está llevando a cabo las garantías judiciales y el debido proceso. El caso de Berta Cáceres es un caso emblemático, no solo por su importancia a nivel social, político e histórico y por la relevancia que tiene para los pueblos y para los compañeros y las compañeras dedicados a la defensa de los bienes comunes y públicos, defensa del agua y de las tierras, sino también por la relevancia a nivel de las acciones que se están realizando porque por primera vez en la historia de Honduras empezar a hablar del contexto social ante un tribunal.
Lo importante del replantamiento de qué es la justicia, que ya no es suficiente una justicia punitiva en la cual vas a agarrar al primer chivo expiatorio, lo vas a meter preso y vas a lavarte las manos. Sino genuinamente hacer un análisis de las causas, de quiénes son las personas que se tienen que presentar ante la justicia, y un trabajo de años para plantear este cumplimiento de justicia restaurativa: una justicia que realmente haga un resarcimiento a todas las víctimas, que tenga carácter de no repetición y que busque la implementación por parte del Estado de leyes y políticas que mejoren la situación para cualquier defensor y defensora, para la población indígena y de cualquier persona.
RMR: Queremos destacar la cobertura de COPINH de cada jornada del juicio [3]. Es una forma importante de mostrar cómo los pueblos garantizan el acceso a la justicia también. Es interesante y puede servir de ejemplo para otras organizaciones cómo, a través de la publicación de estas coberturas y las transmisiones en vivo de las audiencias, están garantizando que el juicio sea oral y público. Y esto también hace que sea diferente que en el primer juicio donde ni siquiera se le permitió ni asistir a las audiencias a la familia Cáceres. Laura, en tu caso, has logrado ingresar a la sala como querellante, a pesar de las resistencias que había. En el anterior juicio contra los autores materiales [4], la familia no había podido estar presente. ¿Cómo estás viviendo estas instancias judiciales dentro de la sala?
LZ: Soy la única persona de la familia que puede entrar presencialmente a la sala. En este proceso se (nos) ha violentado y ha sido bastante revictimizante por el irrespeto que ha habido hacia nosotras como parte del proceso. Y bueno, se vive de diferentes maneras: al entrar a la Corte una se da cuenta que es un espacio que no está contemplado para responder a la población, que es un espacio altamente racista, patriarcal, en el que hay que enfrentarse desde la entrada y los guardias hasta la propia audiencia a toda esa lógica con la que funciona que ignora bastante toda la realidad que viven las comunidades. Pero también ha sido importante para darle la impotancia y el lugar que nos merecemos como víctimas.
Este asesinato no es el único que vivimos en la población hondureña. Lamentablemente hay muchas víctimas y creo que pelear por ese lugar va educando al sistema de justicia, para que estas instituciones entiendan que deben respeto y justicia para las víctimas que, en este caso, nos asumimos así no sólo las hijas sino todo un colectivo.
Y luego está el campamento afuera, que es el Campamento Feminista Viva Berta [5], que está en las afueras de la Corte y cuando una se cansa de estar adentro, en ese lugar tan hostil, pues vamos a recargar energía ahí, a platicar con las compañeras, a construir también la justicia desde ese lugar.
Es una instancia de aprendizaje, un poco dura a veces, pero que creo que es importante vivirla para aprender y enseñar a las instituciones.
RMR: En estos 5 años desde que ocurrió el crimen, la familia junto a un gran equipo de investigadores, han recabado pruebas. También han tenido dificultades para acceder en tiempo y forma a otras pruebas, entre ellas, hay cientos de chats, que no son sólo pruebas de arreglos monetarios para pagar el crimen: en los mensajes que intercambian, por ejemplo, Daniel Atala y David Castillo hay expresiones racistas. ¿Qué nos pueden decir de cómo han accedido a las pruebas, de su análisis sobre las mismas? ¿Qué han encontrado en estas pruebas? ¿Qué opinan sobre estos mensajes racistas [6]?
LZ: La publicidad que se ha hecho de este juicio tiene que ver, también, con proteger el proceso. Sabemos que estamos frente a intereses poderosos que también están actuando para generar impunidad en este caso y así también ir protegiéndose de los próximos casos. Hay varias cosas que se van vislumbrando con estas pruebas: que la empresa se manejó con lógicas racistas, que tienen que ver con no entender las cosmovisiones de los pueblos ignorar y pasar por encima de las decisiones, y ese es el primer punto que nos lleva a este asesinato. Tenemos también la forma en que actuó la empresa, que hemos llamado “una estructura criminal”, donde hay una parte que son los sicarios, que muchos están vinculados al entrenamiento militar, son ex militares o militares activos, y eso nos llama mucho la atención. Creo que es un trabajo a futuro ver cuál es el rol del Estado y de las estructuras militares en este crimen. Porque hemos tenido acceso a la información, pero no a toda la información que hay en este proceso.
Y después está la información de los chats sobre cómo los accionistas de la empresa DESA despreciaban a la población lenca y cómo marcaron a mi mami y a otros liderazgos. Cómo personas claves decían que, si mi mami no estaba, si Berta Cáceres no estaba, entonces la lucha de Río Blanco iba a desaparecer y, por lo tanto, contra ella había que encaminar acciones.
Esa información muestra cómo marcaron a mi mami, cómo utilizaron informantes, funcionarios públicos, ministros; se reunían con el presidente para ver cómo desarticular la lucha de Río Blanco, cómo funcionó la criminalización para atacar la lucha del pueblo lenca y cómo se planifica este asesinato. Y ahí se ve cómo David Castillo es quien ejecuta esas órdenes o se encarga de que se ejecuten las órdenes que dan los asesinos intelectuales. Por eso nosotras llamamos a David Castillo como co-autor intelectual porque él es el eslabón más bajo de toda esa estructura de asesinos intelectuales. Y, a través del ex jefe de seguridad de la empresa DESA (Douglas Bustillo) que se comunica para contactarse con la estructura sicarial [7], que son los que actualmente están presos. Hay que pensar en esta justicia que funciona para los pobres de una manera y para los ricos de otra, porque el eslabón más débil son estos sicarios que hicieron este asesinato por un pago mínimo, mientras que quienes se beneficiaron de este asesinato hoy están en la impunidad y que están actuando para mantenerlo así.
👉🏽El perito Harald Waxenecker realizó un análisis de las comunicaciones de la estructura criminal del asesinato de Berta, en el que se demuestra una compartimentación de las comunicaciones dividida entre los directivos de la empresa y el grupo sicarial, el enlace: David Castillo pic.twitter.com/JsyyuPyzeh [8]
— COPINH (@COPINHHONDURAS) June 8, 2021 [9]
JUZGAR A LOS PODEROSOS
RMR: El 28 de mayo había expectativa porque se presentaría a declarar, a petición de la acusación privada, Daniel Atala, gerente financiero de la empresa DESA -propiedad de la Familia Atala Zablah. Por primera vez un miembro de los grupos económicos poderosos de Honduras iba a estar ante la justicia para testificar en el caso de Berta Cáceres. Pero hubo unos vericuetos jurídicos: Atala solicitó al tribunal no declarar en el juicio contra David Castillo, alegando que está siendo investigado. El Ministerio Público reconoció que Atala está siendo investigado por el asesinato de Berta Cáceres [10], pero no ha emitido el respectivo requerimiento fiscal en su contra. Finalmente el tribunal aceptó que Atala no declare. ¿Ustedes estaban al tanto de esta investigación que se desarrolla contra Atala o se enteraron en ese momento?
LZ: Nosotras lo habíamos llamado para declare sobre sus movimientos económicos destinados a atacar a la población lenca y a mi mami. Pero esto de que él se ampara en su derecho de no declarar contra sí mismo tiene que ver con que el Ministerio Público tiene que haberlo requerido y debería estar viviendo un proceso judicial porque hay suficiente evidencia de su implicación en el asesinato de mi mami. Y si no se lo ha procesado en cinco años de investigación es porque no hay voluntad política y porque se está protegiendo a una de las familias más poderosas de Centroamérica.
Como vimos en algunos de los chats, cuando detienen a alguno de sus empleados, el señor Atala dice que va a hablar con el fiscal general y el adjunto. Vemos que están siendo protegidos y este momento es importante para romper un poco con esa impunidad. Pero no podemos hacerlo solas, necesitamos el acompañamiento de toda la gente, que la exigencia de justicia para Berta sea masiva.
Bustillo es con quien David castillo coordinaba las acciones que desde la familia Atala se mandaban. Y él reunió a los sicarios, consiguió las armas. Según lo que vimos en los chats, David Castillo le proveyó logística y dinero para que Bustillo pudiera llevar adelante el asesinato.
RMR: Algunas nos referíamos al asesinato de Berta como un “femicidio político”, por ser un crimen dirigido contra una mujer lideresa, un crimen que podíamos entender que tenía motivos políticos y económicos de fondo, al estar ella y la comunidad lenca a la que pertenecía oponiéndose a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, debiendo enfrentar así altos mandos e intereses políticos. En la presentación de su peritaje en el juicio contra David Castillo, la doctora Gladys Tzul Tzul [11] concluyó que el asesinato de Berta Cáceres es un “feminicidio territorial”, un concepto creado por Lorena Cabnal. ¿Por qué podemos decir que el crimen de Berta es un feminicidio territorial?
LZ: Porque con este crimen se apunta a romper el tejido social de las comunidades, la vida, la forma de actuar, entendiendo que el asesinato de las mujeres va contra de la vida comunitaria. Cada vez que asesinan a una mujer se afecta la vida, la lucha, el territorio, y era lo que ellos pretendían hacer cuando hablaban de mi mami como una mujer líder que dirigía la lucha, y pensaban que con eso iban a poder destruir todo lo que se ha creado. Y efectivamente atenta contra la vida, contra el tejido comunitario; si bien el pueblo lenca y los pueblos indígenas somos muy resilentes, es sembrar el terror, aterrorizar a la población para poder actuar en contra de ella. Eso es parte de lo que vimos en el peritaje de Gladys Tzul [12].
RMR: ¿Y hay chances de que se considere este concepto en la sentencia?
AM: Honduras es un país que impone la ley de manera eminentemente positivista: lo que está en la ley es lo que se dice. Es muy taxativa, a menos que lleguen los poderosos al estrado, como lo que vimos con Daniel Atala. En Honduras solo existe la figura de “femicidio” que, si bien está instalada desde 2015 y creo que van unas 15 sentencias con esta figura, el femicidio no se habla, no se reconoce. Ha habido una discusión previa a la tipificación, sobre si se tenía que reconocer el “feminicidio” como una cuestión estructural por parte del Estado. Entonces, si no existe la tipificación de feminicidio, es muy difícil que un Tribunal, aunque sea de Garantías, lo vaya a reconocer. Es mucho más fácil, tal vez, que entrara por un reconocimiento de una Sala Constitucional, como algún tipo de mención simbólica más de que algún cuestión de peso ejecutorio, como una pena en sí.
LZ: Más allá del reconocimiento que hagan las instituciones, lo importante es llevar este tipo de debates a los mismos jueces y trabajadores judiciales; sirve para educar y sensibilizar a estas instituciones. También tiene que ver con hacer justicia más allá de estas instituciones.
RMR: Y la necesidad de que los medios de comunicación puedan utilizar estas categorías para sensibilizar a la población, más allá de que no acabe definiendo una pena. Por último: ¿David Castillo va a declarar? ¿Cuánto tiempo más queda de juicio? ¿Qué sentencia esperan?
LZ: Bueno, la fecha no se sabe. Como hemos visto ha sido muy largo, más de lo que esperábamos. Estamos en el proceso de que la acusación privada, nuestros abogados y abogadas, presenten las pruebas; faltan todavía las pruebas de la defensa, tal vez, en dos semanas, pero no lo podemos saber porque los tiempos han sido bastante difíciles de prever. David Castillo puede declarar en cualquier momento del juicio; por el momento no lo ha hecho.
AM: Ya los medios de prueba que se han evacuado hasta ahora han demostrado evidentemente la participación y culpabilidad de esta persona [David Castillo] como coautor. Tal vez lo estamos tomando como dado, pero hay que estar todavía pendientes de la sentencia condenatoria y la individualización de la pena. Se espera una condena. Hay que recordar que hay una casación del proceso anterior, o sea que todavía está en un tribunal de alzada.
Como decía Laura, como Roberto David Castillo está imputado puede hacer uso de su declaración en cualquier momento del proceso. Pero sí es muy importante que se mantengan los ojos en este proceso porque sí hay una desconexión lógica y evidente entre las acusaciones privadas que están representando a las víctimas con el Ministerio Público, que es investigador del Estado pero que evidentemente tampoco tiene toda la voluntad política ni las capacidades técnicas para abarcar este procedimiento de la manera más apropiada. Poner mucho ojo en este Tribunal de Sentencia que, por primera vez en su vida, han de estar histéricos mirando todos estos peritajes sobre contexto sociológico y análisis sobre violencias estructurales y sistemas de opresión; se deben de estar preguntando ‘¿qué está pasando?’ porque no es algo habitual. Entonces, para que se haga una interpretación de la normativa de manera adecuada, es muy importante mantener un seguimiento porque, como decía Laura, ya está evidenciado ese pacto no público empresarial. Mantener la presión para que esos medios probatorios, esa conexión lógica que hay entre la autoría y la participación de esta persona, realmente se vea reflejada en una sentencia condenatoria.