La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-LVC) denunció la «detención arbitraria» por parte de la Fiscalía General de Nación de Colombia de tres reconocidos dirigentes del Coordinador Nacional Agrario (CNA) el 15 de diciembre.
Se trata de Adelso Gallo, reconocido líder campesino y social de la región centro oriente de Colombia, integrante de la Junta Nacional del CNA, detenido en la ciudad de Villavicencio; Teófilo Acuña, líder campesino y vocero del proceso organizativo que reúne a comunidades campesinas, sin tierra, de pescadores, agromineros y otras organizaciones sociales en Bolívar, Cesar, los Santanderes y el Magdalena, desde hace más de 20 años en la CNA; y Robert Daza, líder campesino del norte de Nariño, expresidente del CNA, impulsor de los Territorios Campesinos Agroalimentarios a nivel nacional. Los tres son además dirigentes del Congreso de los Pueblos, movimiento social colombiano que trabaja por la construcción de Poder Popular.
Los tres han sido voceros e interlocutores con el gobierno nacional a nivel local, regional y nacional y en el marco del decreto 870 de 2016 entre la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular con el gobierno nacional.
Las detenciones ocurren en un año donde han recrudecido las amenazas contra defensores y defensoras de pueblos y territorios [1], los crímenes contra líderes sociales [2] y las masacres [3] en Colombia, como consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque de los Acuerdos de Paz firmados hace cuatro años entre el Estado y las FARC [4].
Desde la CNA, la Vía Campesina y decenas de organizaciones sociales y ambientalistas, están dando seguimiento a estas capturas y exigen que cesen los «montajes judiciales y el encarcelamiento de líderes y lideresas».
Yhoana Milena Castaño, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario, analizó con RMR estas capturas en una coyuntura de violencia sistemática en Colombia:
«Son muchos tipos de violencia juntos. Veníamos de un fuerte proceso organizativo y la pandemia trajo más violencia porque se profundizan muchas desigualdades, sobre todo, en nuestras comunidades rurales. Se evidencia una crisis estructural del sistema, sobre todo en la salud, en la educación, en la alimentación, no porque no estemos produciendo sino por el tema del acceso y la profundización de paquetes en los que nos ponen comida de otros lados y la comida que producen nuestros campesinos se pierden, no tienen un valor. Aparte de eso, el CNA ha tenido este año unas pérdidas muy dolorosas como el asesinato de Marco Rivadeneira [2], asesinaron muchos líderes y lideresas en regiones donde nosotros tenemos trabajo, y ahora la captura de estos tres líderes que son muy significativos para el proceso».
Magalí Pino, secretaria nacional de Derechos Humanos del CNA, señaló que estas capturas son parte de la persecución del gobierno a «compañeros con alto reconocimiento en sus territorios por las batallas que han librado allí por la defensa de la vida, contra las transnacionales».
«La Fiscalía y la Policía privan a los compañeros de su libertad para impedir esa carrera que vienen haciendo en el ejercicio de la defensa de los territorios», acusándolos de cargos infundados y haciendo «montajes judiciales para la captura». Pino subrayó que «cuando se asesina a un líder se desvertebra todo un proceso; y a quien no asesinan, lo encarcelan».
«Estas detenciones arbitrarias las llamamos ‘falsos positivos judiciales’. Buscan deslegitimar las demandas de los movimientos y organizaciones, sometiendo a los liderazgos a largos períodos de detención, y que obligan a sus familias y procesos de base a asumir desgastantes, tortuosos y costosos procesos judiciales, presentando a quienes defienden la vida, la paz, el agua y el territorio como delincuentes», explicó Magalí Pino.
Por eso se relanza con más fuerza la campaña «Ser líder social no es delito» y denunciarán estas detenciones a nivel internacional «para que la comunidad internacional conozca este genocidio»
La defensora también denunció que particularmente la vida de Teófilo está en riesgo en la privación de libertad, ya que padece serios problemas de salud y no tiene la medicación requerida a su disposición.
«Aunque luego probemos su inocencia, como ha ocurrido en otros casos, el daño producido por la privación de libertad es irreparable para la vida del defensor y para el proceso organizativo», añadió Pino.
Por su parte, Yhoana Milena Castaño reafirmó: «Vamos a seguir aquí luchando, fortaleciendo la esperanza, porque al fin y al cabo uno está por la defensa de los derechos, por la recuperación de la dignidad».
«El actual gobierno [de Colombia] no ha tenido la voluntad política de poder ejecutar y desarrollar los puntos acordados en el Acuerdo de Paz y hoy tienen a gran parte del país inmersos nuevamente en la violencia a cargo de grupos ilegales y de paramilitares en el territorio. Estas acciones se suman al incremento de casos de persecución en contra de la organización campesina, el desplazamiento a comunidades y la acusación mezquina por parte de entes judiciales a dirigentes sociales de delitos que terminan siendo un número más de lo que es llamado falsos positivos judiciales», expresaron desde la CLOC en un comunicado [5] este 16 de diciembre.
Expresiones de solidaridad con campesinos perseguidos y detenidos
Desde la CLOC- Vía Campesina manifestaron su solidaridad al CNA-Colombia y un «profundo rechazo a las acciones de criminalización del movimiento social y popular colombiano»; exigen a las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos que estén atentas a estos hechos, e instan a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse «atentos y alertas ante la crítica situación de derechos humanos que están afrontando nuestros movimientos campesinos a nivel internacional».
Desde la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) también expresaron su solidaridad con los dirigentes detenidos y la preocupación «por la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios en Colombia».
«Hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos», expresaron en un comunicado emitido esta semana por el Sistema de Solidaridad Internacionalista de ATI [6].