Desde el golpe de Estado a la ex presidenta Dilma Rousseff, en 2016, el gigante sudamericano atraviesa un incesante proceso de desestabilización interna. Intensificado a partir del gobierno de Jair Bolsonaro, quien alcanzó la presidencia a través de una campaña electoral basada en el uso de las “fake news” y la persecución a los movimientos sociales.
Entre sus características, este gobierno denota un evidente servicio a las empresas transnacionales y desarrolla políticas fuertemente anti democráticas, erigidas sobre lo que las organizaciones sociales llaman una “arquitectura de la impunidad”, sostenida por el sistema capitalista, racista y patriarcal. Al respecto dialogamos con la ambientalista Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil [1], quien presentó el diagnóstico Avance de las Transnacionales de la Minería en Brasil: prácticas predatorias y de resistencia en contexto de retroceso gubernamental [2]*, llevado adelante en 2021 por esa organización. Letícia también es la coordinadora del programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional [3].
El ataque a la democracia por parte de las empresas transnacionales para asegurar su rentabilidad ha avanzado sobre los derechos históricamente conquistados por el pueblo brasileño. La pandemia del COVID-19 sirvió de trampolín para el avance del extractivismo minero a través de su calificación como «actividad esencial” mediante de un decreto gubernamental. Lo que provocó que corporaciones como Vale y CSN obtuvieran un 37,6 por ciento más de beneficios durante ese período. Esto demostró la centralidad del extractivismo en la macroeconomía del país y habilitó a que las corporaciones continuaran con la depredación de los territorios, mientras la movilización social estaba paralizada por los obstáculos de la crisis sanitaria.
Se estima la presencia de 20 000 actividades mineras ilegales en tierras indígenas actualmente, en paralelo, con un vertido total de hasta 221 toneladas de mercurio en las aguas. Esto sucede mientras existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal acepte la tesis del marco temporal [4], que establece que los territorios sólo pueden ser demarcados como indígenas si los pueblos originarios pueden acreditar que ocuparon esas áreas desde la promulgación de la Constitución Federal el 5 de octubre de 1988. Desde la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) [5] exclaman: “¡Nuestra historia no comienza en 1988!”.
Mientras tanto, el gobierno colaboró desregularizando y flexibilizando las políticas medioambientales. Esto generó escenarios más propicios para los incendios y el avance de la frontera extractivista sobre los territorios indígenas y tradicionales. A través del proyecto de ley 191/2020, el gobierno, en alianza con las transnacionales, pretende regular la explotación de recursos minerales, hídricos y orgánicos en tierras indígenas. Al respecto, Letícia comentó que “hay proyectos que apoya Bolsonaro donde (…) se acepta la consulta libre, previa e informada, pero no acepta que el pueblo diga no al proyecto”.
En la misma línea, una de las primeras acciones del actual gobierno fue la derogación de políticas que instauraban espacios de participación. Un claro ejemplo es el Consejo Nacional de Medio Ambiente, donde se redujo el número de cupos destinados a la sociedad civil y organizaciones ambientalistas, sustituyéndolas por actores afines a las políticas del gobierno. Hoy en día sólo militares, empresarios y mineros tienen acceso a la incidencia política por esa vía. Otro claro ejemplo que menciona el diagnóstico elaborado por Amigos de la Tierra Brasil es la Política de Apoyo al Licenciamiento Ambiental de Proyectos de Inversión para la Producción de Minerales Estratégicos. En ella “no se reservó espacio para representantes del Ministerio del Medio Ambiente [6], agencias ambientales como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) [7] o el Instituto Chico Mendes de Biodiversidad [8]”.
Otro retroceso ocurrido, para el que se utilizó la pandemia como excusa, fue la profundización de las políticas de “austeridad”, concepto que muestra su ambigüedad al analizar las cifras de los recortes ejecutados durante la actual gestión de gobierno. El diagnóstico de Amigos de la Tierra Brasil destaca que se identificaron recortes presupuestales de “4 por ciento en salud, 15 por ciento en trabajo, 16 por ciento en educación, 10 por ciento en el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Ciencia y Tecnología, y 45 por ciento en reforma agraria. Mientras, se presentó un aumento de 50,7 por ciento en favor del Ministerio de la Agricultura y Pecuaria, y de un inmenso 406,8 por ciento para el Ministerio de Minas y Energía”, siguiendo datos aportados por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) [9] en 2020. Mientras tanto, la informalidad laboral aumentó y el país alcanzó la cifra histórica de 14,8 millones de personas desempleadas. Lo que, sumado al aumento de la inflación, provocó que Brasil volviera a integrar el mapa mundial del hambre.
A pesar de las dificultades, la sociedad civil brasileña sigue activa y organizada, con los movimientos de mujeres y los Pueblos Indígenas liderando las resistencias. La primera movilización en contra de Bolsonaro fue la “Marcha das Margaridas» en agosto de 2019 [10], y convocó a 100 000 mujeres en Brasilia.
“Sabemos que donde hay una nueva empresa transnacional aumentan los casos de acoso, muchas veces la oferta de trabajo para las mujeres se da dentro de la división sexual del trabajo y siempre recibiendo mucho menos que los hombres aunque hagan lo mismo; hay una serie de violaciones de derechos que son justamente por una cuestión de género”, contó Letícia. Lo que se complementa en el diagnóstico: “con la llegada de los proyectos, las mujeres retoman temas centrales a la hora de pensar en alternativas, como: la defensa de los bienes comunes; la afirmación de la existencia de otras formas de producir la vida distintas a la capitalista, señalando su poder y fuerza para construir soberanía”.
Por su parte, los Pueblos Indígenas han organizado las movilizaciones que llevan año a año a decenas de miles de indígenas a los campamentos “Terra Livre” [11] en la capital federal del país, Brasilia. Letícia destacó que son “un ejemplo de resistencia”, y que “no solamente están identificando a empresas financieras involucradas en el financiamiento de compañías destructivas en Brasil, (…) sino que también están organizados para publicar informes sobre ese tema”.
Más de 250 organizaciones de la sociedad civil de todos los continentes, en conjunto con comunidades afectadas, movimientos sociales y sindicatos, se encuentran articuladas en la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, Reivindicar la Soberanía de los Pueblos y Poner Fin a la Impunidad [12]. Allí trabajan para que se apruebe un Tratado Vinculante [13] sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Paralelamente, el Grupo de Trabajo Corporaciones, que forma parte de la Campaña Global en Brasil, elaboró el proyecto de ley Marco Nacional de Derechos Humanos y Empresas para el país, para ir más allá de un Plan Nacional de Acción o una ley de debida diligencia. Letícia enfatizó que “es la primera propuesta que contiene obligaciones para las empresas transnacionales”, y que “no es tan estadocentrista, (…) está centrada en los derechos de las comunidades afectadas”.
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