El Movimiento de Afectado/as por Represas de Brasil [1] (MAB, por sus siglas en portugués) viene denunciando, desde hace varios años, graves violaciones a los derechos humanos en la mina de oro Aurizona (ubicada en el estado de Maranhão, en el noreste del país) por parte de la empresa canadiense propietaria, Equinox Gold.
La minera instalada en 2010 tiene a cargo una represa ubicada en Lagoa do Pirocaua, en el municipio Godofredo Viana. El 25 de marzo de este año la presa sufrió una ruptura que dejó a cientos de familias sin acceso al agua potable, contaminó el río Tromaí y afectó el reservorio Juiz de Fora, que abastecía a toda la población del distrito de Aurizona.
Equinox Gold cuenta con un histórico de vulneración a los derechos humanos. “Ya habían habido otros crímenes ambientales en esa región. Con el rompimiento de la represa se agravó un problema que ya era histórico”, alertó a Radio Mundo Real la integrante del MAB Dalila Alves Calisto.
En un intento de culpabilizar a las comunidades y no hacerse cargo de los impactos de su nociva actividad, la empresa canadiense instalada en varios países de Latinoamérica intenta por la vía legal prohibir las manifestaciones y medidas de lucha en Brasil.
En la entrevista que mantuvimos con Alves buscamos conocer de cerca los efectos del extractivismo asociados a la impunidad de sus promotores en el noreste brasileño.
Equinox Gold alega que el rompimiento de la represa que dejó aisladas y sin posibilidad de trasladarse durante tres días a 4000 personas fue por causas naturales. Desde el MAB denuncian que fue por falta de monitoreo e irregularidades que la transnacional ha tenido históricamente. Alves subrayó que la empresa minimiza el problema y lo trata como si fuera un accidente, e incluso cuestiona datos oficiales del Estado brasileño.
Pero la vulneración de derechos por parte de Equinox Gold no es nueva. “Hace más de diez años que existe la exploración de oro en esa región y existen muchos conflictos, violaciones de derechos humanos que acontecen hace años. Y esa población afectada, que es la población de Aurizona y de otros municipios de esta región de Maranhão, ya venían reivindicando que Equinox Gold asumiera varias cuestiones vinculadas a vivienda, seguridad, salud, educación”, dijo Alves.
Tanto el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Maranhão, manifestaron preocupación, solicitaron información y esclarecimiento sobre el rompimiento de la represa de Lagoa do Pirocaua [2]. Alves subrayó que Equinox Gold afecta a varios municipios ya que se encuentra instalada en varias hectáreas, utiliza la técnica a cielo abierto y además está en constante exploración de nuevos territorios.
Mediante la lucha y organización de los/as afectados/as se abrió un canal de negociación con más de 20 puntos sobre la mesa, no solo para la emergencia actual sino también para los conflictos históricos. Esa negociación cerró con un acuerdo que la empresa no cumple [3]. “Equinox Gold no ha cumplido los acuerdos. Ella dice que hará las acciones con las que se comprometió en las negociaciones pero en la práctica no cumple con lo que asumió delante del MAB, de los/as afectados/as, del poder público. Esa ha sido una práctica recurrente de la minera”, explicó Alves.
La empresa realizó algunas pocas acciones desde una posición asistencial o caritativa, sin hacerse responsable de los daños causados, que pueden incluso ser catalogados de crímenes socioambientales, alegan desde el MAB.
En abril, personas afectadas por la represa se manifestaron durante más de 36 horas para reclamar a la empresa el acceso al agua potable de calidad y de forma regular. Luego, la minera realizó una demanda judicial con el fin de que se prohíba a las personas afectadas realizar movilizaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana.
Alves contó que Equinox Gold criminaliza las luchas de las poblaciones que ha afectado, mientras sigue operando con total impunidad. “La minera tiene esa práctica de perseguir, difamar, criminalizar la lucha y a los/as militantes”, dijo la activista del MAB. La compañía reacciona «persiguiendo» por la vía judicial, entre otras formas, inclusive ante “la principal lucha, que es por el agua (el no acceso a agua potable de calidad y de forma regular) que ha dejado a las familias en una situación de mucho sufrimiento hasta hoy”.