El machi Celestino Córdova anunció este martes 11 que comenzaría una huelga seca tras 100 días de huelga de hambre. Con sus últimas fuerzas vitales, envió un mensaje de audio [1] dirigido “a la Nación mapuche y los pueblos originarios, a toda la sociedad no originarios del mundo. [a] todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos en dignificar a su pueblo”.
Celestino es uno de los nueve presos políticos mapuche que realizan huelga de hambre en Chile desde hace más de tres meses. A comienzos de julio, allegados al machi y a los demás huelguistas informaban que la situación de salud de todos era “crítica”, mientras se profundizaba la indiferencia del gobierno de Sebastián Piñera y del sistema de justicia: una actitud de “desidia”, consideraron desde la vocería de los huelguistas.
El 4 de mayo, en el Centro Penitenciario de Angol, iniciaron una huelga de hambre: Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Calbucoy Montanares, Juan Queipul Millanao, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao y Reinaldo Penchulef Sepúlveda; y en el Centro Penitenciario de Temuco, el machi Celestino Córdova, sumándose el interno Antu Llanca el 18 de mayo.
Las principales demandas planteadas por los huelguistas tienen relación con el cambio de medidas cautelares y el cumplimiento de sus condenas en sus comunidades en virtud de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
También denuncian que les niegan el derecho a actividades culturales y espirituales mapuche y el acceso a salud intercultural, derecho establecido en el artículo 7 de la Ley N° 20.854, a pesar del crítico estado de salud que enfrentan varios de ellos.
Los presos políticos mapuche han permanecido privados de la libertad, aunque 13.321 reclusos (un tercio de los presos en Chile; 5 mil imputados y 8 mil condenados) salieron de prisión con medidas cautelares, libertad condicional o la aplicación conmutativa del indulto, entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus -según informa un comunicado el equipo de comunicaciones mapuche.
El machi fue condenado en 2014 a 18 años de cárcel bajo la acusación de “incendio con resultado de muerte en carácter terrorista”, en el caso Luchsinger Mackay, que tuvo una investigación “con falencias técnicas e indagatorias”, denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos.
Este miércoles 12 hablamos con Millarray Painemal, encargada de Comisión Indígena de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), habló con Radio Mundo Real desde Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, donde se hizo una concentración frente al hospital donde Córdova está internado: “Si no nos movilizamos van a dejar que el machi muerta”, dijo.
“Nosotras no queremos más muertos. Amamos la vida. No es que uno se quiera sacrificar o hacerse el mártir. No queremos más mártires. Queremos mapuche que estén luchando por nuestros territorios, por nuestras aguas» | Milarray Painemal, encargada de Comisión Indígena de ANAMURI.
«El gobierno de derecha ultrafascista que tenemos no cede ante estos reclamos para cumplir con el Convenio 169 de la OIT, y la Justicia también ha hecho oídos sordos a esta petición. Ojalá que con la presión internacional esto pueda llegar a un buen término, la huelga se baje y se puedan tomar en consideración las peticiones de los huelguistas para que puedan volver al rewe», expresó la integrante de ANAMURI.
“Estamos luchando por tener viva nuestra identidad, nuestra cultura; por defender a toda la sociedad de aquellas empresas que nos quieren dejar sin tierra, sin agua. Estamos luchando por el derecho a vivir tranquilos en nuestros territorios”
Painemal también se refirió al sospechoso “suicidio” de dos mujeres, de 53 y 17 años, halladas sin vida el 7 de agosto en la comunidad Pinoleo de Ercilla, Wallmapu. Desde Anamuri exigen una investigación en profundidad, para evitar que sea otro caso que permanece impune, como el de Macarena Valdés [2].