Elsa Nury Martínez, presidenta de Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Vía Campesina), sufrió amenazas de muerte contra ella y su grupo familiar a comienzos de noviembre, por parte del grupo narcoparamilitar Águilas Negras – Bloque capital.
A través de un panfleto recibido en su teléfono, la referente campesina fue declarada, junto a otros dirigentes y dirigentas sociales y políticos colombianos, como objetivo militar para esta organización paramilitar con el fin de que abandonen los territorios donde desarrollan su militancia y trabajo social y político.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, 38 afiliados y afiliadas de FENSUAGRO – CUT [1] han sido asesinados por grupos paramilitares «con la inacción cómplice del gobierno colombiano», afirmaron desde ANAMURI-Chile, en solidaridad con Martínez.
Sólo en lo que va del año, Colombia sufrió más de 300 asesinatos y 73 masacres, muchas de las cuales incluyeron a niños, niñas y adolescentes [2]. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz [3]) al menos de 251 líderes sociales y defensorxs de Derechos Humanos han sido asesinadxs, sumado a 10 familiares y 52 Firmantes de Acuerdo de Paz.
«La situación de violación a los derechos humanos en Colombia es muy preocupante -dijo Nury Martínez en entrevista con Radio Mundo Real-. Por eso creemos que tiene que haber un compromiso de solidaridad internacionalista muy fuerte para que haya respuestas del gobierno sobre la responsabilidad que tiene en las masacres que ha habido».
La comunidad internacional debe jugar un papel muy importante: «la Unión Europea, que está dando bastantes recursos para la implementación del Acuerdo, pero aquí no se están usando esos recursos para eso, sino todo lo contrario: es para agredir a las comunidades campesinas, indígenas y negras, y a la dirigencia social del país», añadió.
Los ataques sistemáticos que sufren defensoras y defensores [4] son una parte de las consecuencias que tiene el incumplimiento de los Acuerdos de Paz [5] firmados en La Habana (Cuba) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano en 2016.
«Las amenazas que sufrí son parte de lo que sufren a diario la dirigencia de Fensuagro y los defensores en todo el país. Y está relacionado a que el punto que menos se ha tenido en cuenta en la implementación de los Acuerdos de Paz es el que tiene que ver precisamente con el origen del conflicto social y armado en Colombia: la mala distribución de la tierra».
Martínez opinó que el interés del gobierno de Iván Duque es, en cambio, «la implementación de tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos comerciales con empresas transnacionales, para la explotación de recursos naturales en los territorios donde nos encontramos, en vez de cumplir con los Acuerdos de Paz. Ese interés es la demostración de que [las y los defensores de pueblos y territorios] somos un estorbo para el gobierno».
Los Acuerdos de Paz también incluyen dar garantías a las y los defensores «para poder existir», recordó Martínez. «Ser dirigentes, ser líderes sociales, no debe ser un delito en Colombia».
«Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta del Gobierno, realmente no les interesa. El gobierno lo que plantea es que hay varios Grupos Armados Organizados y que [los asesinatos y masacres] son conflictos que hay en los territorios. Y ni siquiera hacen seguimiento a compromisos de cuidado de líderes firmados anteriormente».
Como respuesta a la negligencia estatal, el movimiento social ha puesto en marcha a la Minga Social y Comunitaria [6] por el derecho a la vida, por la paz y por la democracia, que llegó hasta Bogotá para hacerse oír en la capital: «Queremos que se resuelvan los problemas estructurales que tenemos. Eso implica revisar los TLC, que actualmente perjudican especialmente la producción local de alimentos, considerando que se importan unas 15 millones de toneladas de alimentos, a costa de perjudicar la economía campesina del país». Los acuerdos comerciales de libre comercio también implican la explotación de oro, minerales, petróleo, saqueo del agua y el avance de proyectos extractivistas por parte de Estados Unidos y países de la Unión Europea.