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Tomarse en serio la deforestación requiere una reforma rural urgente

Por CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.

Entre 1990 y 2018, Colombia había perdido casi 5 millones de hectáreas [1] de selvas. Según los reportes anuales del IDEAM, solo desde 2017 hasta 2019, 576.026 [2]1 [3] hectáreas fueron deforestadas en el país y, de acuerdo a las alertas tempranas de esta misma entidad, durante los primeros tres meses de 2020 alrededor de 64.000 fueron desmontadas en apenas tres departamentos -Guaviare, Meta y Caquetá-, contribuyendo a una concentración de 68,3% de la deforestación en la región amazónica [4], que superó las 75.000 hectáreas, como arrojaron los monitoreos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. [5]

Más allá de querer centrar esta problemática en números que tienden a encubrir el drama y el sufrimiento animal, humano, y de otras formas de vida; inherentes a cada hectárea arrasada o quemada, consideramos que estas cifras pueden ayudarnos a ponderar las amenazas a la diversidad biológica y cultural que este fenómeno implica. Derribar una hectárea de selva implica despedirse de, por lo menos, 14.000 árboles de 600 especies distintas, que permiten reproducir la vida a miles de insectos, cientos de aves y decenas de mamíferos. [6]

La deforestación, la degradación y los incendios forestales en América Latina, particularmente en la Amazonía, son asuntos que han venido perfilándose como acuciantes para la comunidad internacional. Temas que, con diferencias en los distintos gobiernos nacionales de los países más afectados de la región, se han venido configurando (al menos retóricamente)como una preocupación central, generando estrategias nacionales e iniciativas internacionales para detener lo que el presidente Duque denominó, la hemorragia deforestadora. [7]

Estas propuestas, con los matices que les son propios, se caracterizan por simplificar una situación compleja – catalogadas así en función de la diversidad de elementos que imbrican-, con variables de índole ecológico, económico, cultural y fundamentalmente político, que desde múltiples escalas (global, nacional, departamental, municipal, local), configuran panoramas de deforestación territoriales, que resulta inadecuado atender desde una mera apuesta de “cuidar árboles”.

Así, para el caso colombiano, la lucha contra la deforestación no debe atender solamente, las presiones sobre las selvas derivadas de la ampliación de infraestructura vial, actividades mineras y de hidrocarburos, construcción de hidroeléctricas, ganadería extensiva, agroindustria -monocultivos de palma principalmente, y de manera reciente, aguacate en tierras altas -y en menor medida cultivos de coca, entre otras causas directas de deforestación; sino abordar las subyacentes como el acaparamiento de tierras, el hecho de que la tierra en Colombia ha sido botín de guerra y fuente de poder político, [8]y, en general revisar distintas políticas públicas que parecen fomentar la deforestación, y la inequidad en el acceso y uso de la tierra.

Usualmente la tala y quema de selva, para dejar que el pasto crezca, y poner algunos bovinos en ella, ha indicado que la tierra está en uso, y ha permitido a actores privados solicitar títulos de propiedad que reconozcan formalmente su ocupación. [9] Para el caso amazónico y otros, se requiere, como paso intermedio la sustracción de Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª tramitada ante las autoridades ambientales respectivas. Es decir, mediante instrumentos jurídicos se han propiciado tanto la deforestación, como el acaparamiento y extranjerización de tierras, situación que ha empeorado, al menos para la Amazonía, desde el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, pues se ha identificado la entrada de grandes capitales a la Amazonía, motivados, ya no por la subsistencia como los colonos campesinos que solían llegar antes y que han vivido por décadas en estos territorios, sino más bien la creación de mercados especulativos de tierras.

De acuerdo a PID Amazonía, los incentivos estatales y las lógicas de los mercados permiten a los grandes capitales bloquear el acceso a tierras o créditos al campesinado sin tierra, lo que le es insuficiente, dejándole como opción la deforestación, a la par que continúan deforestando ellos mismos [9]. Estos modelos de ocupación territorial acrecientan la deforestación, la crisis climática, y, por supuesto, la desigualdad social. Colombia, al menos hasta 2018, era el país más desigual de América Latina en distribución de tierra, [10] y, el caso amazónico, a pesar la ausencia de un catastro rural actualizado, es descrito por Dolors Armenteras, especialista en conservación, biodiversidad y Amazonía, como de una concentración extraordinaria de tierras en pocas manos, situación que ha empeorado desde el año 2000. [11]

Las respuestas del gobierno de Iván Duque a la deforestación, no han siquiera mencionado el acaparamiento de tierras o el poder político como medio y fin de este fenómeno, y peor aún, han dado un trato militar a la lucha contra la deforestación criminalizando al pequeño campesino. Con la puesta en marcha de la operación Artemisa en 2018, se le da a la lucha contra la deforestación un enfoque militar, que criminaliza al pequeño campesino, mediante espectaculares operativos, sobre todo en Parques Nacionales Naturales, judicializaciones, señalamientos, entre otras, que permiten un gran despliegue mediático, mientras se mantienen intactas las estructuras sociales y políticas que impulsan la deforestación y la pobreza rural… causa a su vez de deforestación en menores proporciones.

Las alternativas reales para detener la deforestación en Colombia y sus regiones naturales, eluden la retórica y eficacia simbólica y requieren, inevitablemente, pensar en opciones olvidadas para reivindicarnos con las comunidades rurales empobrecidas, criminalizadas y excluidas, así como con los otros seres de las selvas que claman con urgencia cambios políticos y culturales. La premura nuclear es la postergada reforma agraria, que incluya aspectos como modificaciones tributarias en materia de latifundios improductivos, diferenciación de impuestos en función del tamaño de las propiedad, acceso a tierras en función de áreas conservadas, realización de un catastro rural para impedir apropiación de tierras para actividades empresariales en zonas recientemente deforestadas, entre otras posibilidades que abrirían sendas para tomarnos en serio, como país, la deforestación, y atacar cimentos de la injusticia social y ecológica.

1 [12] Para dimensionar, las cifras acumuladas de deforestación desde 1990 a 2019, equivalen, aproximadamente a tres veces la superficie de Bogotá, incluyendo su área rural.