El 10 de enero, el Ministerio Público de Honduras pidió una pena de por vida por el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres [1] para los 7 acusados del crimen y 13 años por la tentativa de homicidio de Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México.
“La pena se incluirá en la sentencia, que todavía no se puede dar porque hay dos amparos todavía no resueltos en el caso”, informó la Misión de Observación Calificada del Juicio por el crimen de Berta Cáceres en su cuenta de Twitter. La Misión está integrada por expertos en Derecho que acompañaron el proceso judicial para dar garantías a la familia Cáceres y denunciar irregularidades del proceso a nivel internacional.
Los imputados son: Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor en activo del Ejército de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (ex militar), Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Haroldo Torres.
En la misma jornada, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para exigir la cancelación de la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Las comunidades lencas organizadas en el Copinh se movilizaron en la capital hondureña para acompañar a la familia de Berta Cáceres en la acción judicial, y fueron agredidos por las fuerzas represoras del gobierno de Juan Orlando Hernández que, como en otras ocasiones, impidieron el ingreso del pueblo a las instalaciones de la Corte.
En 2017, el equipo de abogados del COPINH presentó varios recursos judiciales para declarar inconstitucional los decretos legislativos que otorgaban la concesión del río Gualcarque para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a la empresa DESA, cuyos directivos estarían vinculados al asesinato de Cáceres como autores intelectuales del crimen.