A 42 meses del femicidio político de Berta Cáceres en Honduras, mientras se espera la sentencia definitiva a 7 imputados como autores materiales [1] y el comienzo del juicio a David Castillo como uno de los autores intelectuales, la organización que la líder indígena lenca coordinaba (COPINH) presentó un informe que muestra el patrón de violencia llevado adelante por Castillo, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), de violaciones a los derechos humanos y corrupción que benefició a las empresas con las que ha estado asociado.
Durante la presentación pública del informe «Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía» [2], este miércoles 4 de septiembre en el Hotel Honduras Maya (Tegucigalpa), la hija de Berta Cáceres y actual coordinadora general del COPINH, Bertha Zúniga, declaró a la prensa que la familia Cáceres ha iniciado un proceso judicial en Estados Unidos para demandar los «detalles financieros» sobre la compra de una casa en Texas a nombre de David Castillo valuada en 1.6 millones de dólares «para averiguar si esta compra tiene relación con algún pago (que puede haber recibido) por asesinar (u ordenar el asesinato) a Berta Cáceres«.
Como señalaran a RMR desde la Misión de Observación Internacional que monitoreó el transcurso del juicio por el femicidio de Berta Cáceres: hay que investigar las estructuras criminales detrás de este crimen [3] y otras persecuciones a organizaciones sociales, campesinas e indígenas que rechazan la instalación de proyectos extractivistas en sus territorios, así como el rol de empresas y otros victimarios en los asesinatos, y los actos de corrupción entre transnacionales y gobiernos.
«El informe tiene que ver con develar la estructura criminal que se ha beneficiado de esta concesión (a DESA) para lograr ganancias, un patrón que se ha visto no sólo en Agua Zarca sino con otros proyectos de energía en Honduras», dijo Berta Zúniga.
Centro y derecha: Bertha Zúniga y Daniel Cerqueira en conferencia de prensa, 4 septiembre 2019.
Daniel Cerqueira, coordinador del Programa Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso -que promovió este informe-, exhortó a que los países con derecho a voto en Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional, fondos «que siguen inyectando plata a Honduras para este tipo de proyectos», sean «críticos» de estas financiaciones porque implican violaciones a derechos humanos -el derecho a la vida en personas como Berta Cáceres-, y dejan un vacío de deuda pública: «En el caso de la empresa pública de energía hay al menos 500 millones de dólares de pasivo generados por ese tipo de contrato en donde el público hondureño se hace cargo de ese fraude y corrupción».
También recordó que Estados Unidos debería aplicar a Castillo la ley «Magnitsky» que permite al Tesoro del país del Norte congelar los activos de aquellas personas denunciadas públicamente por violación a los derechos humanos y corrupción global cerrando el acceso de estos actores al sistema financiero estadounidense.
«El informe «Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía» da a conocer el rol de empresas y otros victimarios en asesinatos como el de Berta Cáceres. En este caso, no nos queda ninguna duda que ese delito cometido por al menos los 7 hombres condenados, no hubiera sido posible sin la comunión de otros actores adicionales: el señor David Castillo es uno de ellos, pero hay que hacer también un llamado a la participación directa de otras instancias del Estado y de la manera en cómo los fondos que Honduras capta ante la banca multilateral también permite, de alguna manera, financiar ese tipo de proyectos que no deberían ser llamados ‘de desarrollo’ porque dejan un rastro de violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales en Honduras y otros países de América Latina».
DAVID CERQUEIRA
Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro.
El informe presentado hoy reúne información sobre sus actividades comerciales y se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público; además de estar involucrado con empresas de Honduras y Panamá.
Investigado como uno de los autores intelectuales del femicidio de Cáceres, está en prisión preventiva desde marzo de 2018, pero el juicio se encuentra suspendido.
Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que David Castillo, siendo gerente general de DESA, participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, «presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato», indica el informe.
«Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado -detalla el documento-. Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido».
«Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios», expresaron los autores. «Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos. Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves», concluyen los autores del informe.
Desde el COPINH remarcaron que: «El perfil de David Castillo no evidencia un hecho aislado, sino que desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras. La misma que hoy tiene una guerra abierta contra las organizaciones de base que defendemos los territorios, asesinando y criminalizando como en el caso de los compañeros y compañeras de Guapinol».
En este sentido, el COPINH exige:
- A las autoridades Hondureñas y de los Estados Unidos la investigación y sanción de cada uno de los hechos anotados en este dossier.
- La suspensión y revisión minuciosa de todos los proyectos inconsultos otorgados desde el Golpe de Estado de 2009 por darse en un contexto de ilegalidad, corrupción y violencia.
- La cancelación inmediata de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque del pueblo Lenca.
- El enjuiciamiento de David Castillo sin demora alguna.
- La captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Vea el video de la conferencia de prensa realizada el 4 de septiembre de 2019 en Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa.
En el audio escuche entrevista a Víctor Fernández, abogado que representa al COPINH, realizada desde Radio Guarajambala para RMR, que explica el estado de las causas judiciales, donde los 7 autores materiales no han recibido la sentencia definitiva por el crimen y el juicio a Castillo como autor intelectual se mantiene en suspenso.